Columna de opinión
¿QUE OPINA LA CALLE…?
Por Rodolfo José Bernat
No quiero emular con este título, una columna que Willy
Kohan, tiene en el programa “Cada mañana”, que conduce el periodista Marcelo
Longobardi y que va de lunes a viernes, en el horario de 06 a 10 hs. por radio
Mitre, con ese nombre, sino, tratar de encontrar en la opinión de otros medíos
de comunicación, cual es la opinión hoy, ya entrados en el segundo semestre del
nuevo gobierno, cual es la opinión como ciudadanos de la situación en general,
de la Argentina hoy.
Damián Nabot, publico el 26 de junio último, en la edición
impresa de PERFIL, una nota titulada “LA AUDITORÍA SOBRE CORRUPCIÓN QUE PONE EN
JAQUE A LOS JUECES”
“Un fantasma recorre Comodoro Py. Por primera vez, la
Justicia recopilo la información de todas las causas de corrupción que están en
la Argentina en manos de los12 juzgados federales. Allí aparece el año en que
cada una fue iniciada y el estado en que se encuentra. La escasez de condenas,
en contraste con la profusión de denuncias, estremece al recorrer las 243
páginas del informe.
El trabajo fue realizado por la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, el 23/06/2016, el material fue entregado al
Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de controlar y enjuiciar a
los miembros del Poder Judicial. Al menos en teoría.
En la práctica el Consejo demostró ms eficiencia en frenar
juicios políticos que ponerlos en marcha; un esqueleto burocrático donde
oficialistas, opositores, abogados y jueces se anulan mutuamente. Desde la
semana pasada sus integrantes tienen en sus manos el detalle de cada causa, el
delito investigado, el juez a cargo y su situación actual. Una materia prima
que podría dejar en blanco sobre negro la responsabilidad de los magistrados
durante las últimas dos décadas.
Lo Jueces que según el gobierno actual, hay mayores sospechas
lo encabezan el Camarista Eduardo Freiler y los Jueces Canicoba Corral y Daniel
Rafecas, a quienes atribuyen parte de la responsabilidad de dormir
investigaciones sobre el kirchnerismo.
Mas adelante la nota sobre el informe expresa: “Se desnudan
por ejemplo la persistencia de causas que datan de 1997 por “defraudación
contra la administración pública” que aún siguen abiertas, en estado de
“inicio”, 20 años después. Algunas provienen del tiempo en que se apuntaba
contra la corrupción del menemismo. También contra la administración de
Fernando de la Rúa, que se iniciara en 2002 y esta en manos del Juez Daniel
Rafecas y se mantiene en estado de “vista al fiscal”.
Pero la mayoría de las denuncias son contra funcionarios de
Néstor y Cristina Kirchner, “una abrumadora cascada de causas que encuentran
sus primeras presentaciones en 2005, pero que recién se multiplican aceleradamente
desde el año pasado, cuando la debilidad del kirchnerismo se volvía manifiesta.
El informe finaliza señalando la existencia de: “un puñado de denunciantes
crónicos, desconocidos para el público en general, como el abogado Daniel
Sarwer. La falta de investigaciones de oficio sirve además como síntoma de la
inoperancia judicial al momento de actuar por cuenta propia.
El pedido de la auditoría fue presentado por el Colegio de
Abogados porteño. Su recorrido captura ahora la atención del poder político,
dentro y fuera de los tribunales.”
Debo agregar, que soy uno de los perjudicados por ese tipo de
manejos, pero eso lo charlaremos en una columna próxima, donde más extensamente
brindaré los detalles.
“Poder Ciudadano” es una organización apartidaría y sin fines de lucro que nació en
1989, como iniciativa de un grupo de ciudadanos preocupados por la defensa de
los derechos cívicos en nuestro país.
Una de sus más, importantes metas puede resumirse en este
pronunciamiento: “CONSTRUYAMOS UNA DEMOCRACIA MÁS ALLÁ DEL VOTO. ANIMÉMONOS A
CORRER SUS LÍMITES, A PARTICIPAR, Y A EXIGIR QUE NUESTROS REPRESENTANTES RINDAN
CUENTA.”
Su sede esta asentada en la calle Piedras 547 (CABA) y su
teléfono es (+54 11)4331-4925/ 0800 222 2684. Sus fundadores fueron Teresa Anchorena,
Víctor García Laredo, Manuel Mora y Araujo, Mona Moncalvillo, Luis Moreno
Ocampo y Marta Oyhanarte.
Las últimas semanas se han destacado de las anteriores, al
verse sacudidas por noticias que hace tan solo 6 meses atrás, eran imposibles
imaginarlas. Dado que sus primeras figuras, o por lo menos las mas destacadas,
me refiero a los jueces que hasta el 10 de diciembre de 2015, eran tan solo
receptores de las “inquietudes y anhelos “de los titulares del país, hoy no
solo reconocen el juramento al ser designados, sino que asumen aquel compromiso
contraído ante el Pueblo de la República y que puede resumirse en una muy corta
frase:”NUESTRO DEBER, IMPARTIR JUSTICIA”
Es por ello que cambiando el estilo de esta columna, me tomo
el atrevimiento de transcribir íntegramente este documento, que “Poder
Ciudadano” titulo: “EL ROL DE LA JUSTICIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”
(Buenos Aires, Febrero 2016).
Este documento esta dividido en 9 puntos, de los cuales en
esta columna se transcribe el 1°) Acceso a la información pública en el Poder
Judicial.-
El acceso a la información pública es un
derecho humano de vital importancia para el ejercicio de otros derechos
fundamentales y de las garantías inherentes a una ciudadanía democrática.
Asimismo, es una herramienta clave para promover la transparencia y para
asegurar la publicidad de los actos de gobierno en todas la órbitas y
dimensiones de poderes del Estado. En tal sentido, el acceso a la información
es un pilar central en la promoción de la transparencia y, por lo tanto, es un
elemento imprescindible a la hora de diseñar e implementar políticas destinadas
a asegurar los más altos estándares de ética y de probidad en la función
pública.
Sin embargo, Argentina carece de una ley de acceso a la
información pública. En la órbita del Poder Ejecutivo Nacional rige el Decreto
1172/03 cuya aplicación ha resultado insuficiente. En esa línea, la ausencia de
una autoridad de aplicación autónoma, idónea y designada mediante procesos
participativos y transparentes ha generado un escenario regresivo com avances
prácticamente nulos en la materia y con varios obstáculos para el ejercicio
efectivo del derecho de acceder a información pública.
En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha tenido un rol decisivo en la protección de este derecho. A partir del
2012, ha dictado fallos pioneros en la materia, contribuyendo tanto a
garantizar el derecho a acceder a información por parte de la ciudadanía, como
a acentuar la necesidad de contar con una ley que regule y garantice de manera
efectiva el goce de este derecho. No obstante el Poder Judicial de la Nación
carece de normas que garanticen el acceso a información dentro de su propia
órbita. Cabe destacar que la ausencia de una ley en la materia no constituye un
obstáculo para que la Corte Suprema de la Nación dicte su propia normativa al
respecto. En otras palabras, hasta tanto el Congreso sancione una ley que
regule el acceso a la información en los tres poderes del Estado, el máximo
Tribunal podría formular su propia normativa interna. De ese modo, se podrían
asegurar los máximos estandartes de transparencia y rendición de cuentas en
todas las órbitas del Poder Judicial de la Nación y al mismo tiempo, garantizar
los derechos ampliamente reconocidos en sus sentencias. En esa línea, la
regulación al derecho de a acceder a la información en el ámbito del Poder
Judicial permitiría fortalecer su transparencia y brindaría las herramientas
necesarias para monitorear y controlar adecuadamente el actuar de juezas/ces y
funcionarias/os judiciales. Asimismo una normativa acorde con los estándares
fijados por la Corte en sus sentencias permitiría asegurar el acceso a la
información pública tal como la nómina salarial, las declaraciones juradas, los
contratos y las contrataciones, la ejecución presupuestaria, entre otros datos.
En suma, permitiría, por un lado consolidar los más altos estándares de
transparencia para la función judicial y por el otro, fortalecer el control
democrático respecto de los operadores del sistema de Justicia. Finalmente,
vale destacar que la promoción integral de la transparencia y del acceso a
información pública en el sistema de justicia exige la regulación en la materia
no únicamente por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino
también por parte del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la
Defensa y el Consejo de la Magistratura.-
Fcio. Varela03/07/2016.-
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