¿ARGENTINA O COSTA RICA? (3ra. Parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

(Tercera parte)Por Rodolfo José Bernat

                      

                       Tal vez alguien, encuentre exagerado, lo que saliendo del texto original, publico a continuación. Es que no solo, tomando ejemplos de lo que pasa en otros lugares del mundo podremos llegar a comprender, cual es la verdadera situación de nuestra Republica, sobretodo, con lo mas precioso que tenemos y es nuestra juventud, juventud a la que se esta entregando al infierno de la droga, a esa juventud que las malas políticas les demuestra descaradamente, que la virtud es una estupidez y que solo una abultada billetera es lo que da status y figuración y que hoy por hoy, honradez, solidaridad, amor al prójimo, son solo enunciados como el resto de los valores, que hasta hace 30 años atrás, mas o menos regían las conductas y las acciones de la mayoría de los ciudadanos/as de nuestra Patria, esa que escribimos con mayúscula y sentíamos anidadas en nuestros pechos. Lo sucedido en la quinta de Moreno el último 21 de septiembre por la noche, en el evento que se bautizo como “Proyecto 30” y que empezó y termino en una orgía de violencia, droga, alcohol y desprecio por la vida, con el saldo trágico de un muerto, Hugo Gabriel Gómez, 18 años, herido de bala y otros 10 heridos con armas blancas y de fuego, son el grito de alarma de una sociedad a quien la inseguridad y la corrupción, ya hace rato le quito el sueño.

Las contravenciones.

Desde hace veinte años, en un cubículo de la Facultad de Derecho, se inició un nefasto juego académico, que tenía dos objetivos: lograr la mayor beca que ha otorgado el Poder Judicial (que luego produciría muchísimos millones en consultorías internacionales) y destruir de un golpe el derecho contravencional costarricense… como efectivamente sucedió seis años después. Daba inició el plan abolicionista… ¡Despenalizar!... ¡Despenalizar! En 1994 se levantó el primer bastión abolicionista, que acabó con el derecho contravencional costarricense, merced a una bizarra sentencia de la Sala Cuarta, la número 1054 – 94, de las 15:24 horas del 22 de febrero de 1994 ⁽⁹⁾, que sostuvo: 
"… IV.- La doctrina imperante considera que las contravenciones protegen bienes jurídicos de menor importancia y con este argumento justifican una menor rigurosidad en las formalidades contenidas en el procedimiento que las regula, no permitidas en el procedimiento penal que sanciona los delitos. A simple vista pareciera que tal como está regulado el procedimiento contravencional no presenta ningún problema serio desde le punto de vista social, ni de los derechos humanos. No obstante es muy cuestionable que esta postura si se toma en cuenta que la mayoría de la población contraventora pertenece a una clase social baja o de escasos recursos, o a aquella que tiene valores y costumbres a los de la clase predominante. Desde este punto de vista un importante sector de la doctrina considera que el sistema contravencional sirve como instrumento de control social, criminalizante y opresor de la población más marginada. Si a esto aunamos el hecho de que la mayoría de los contraventores de esta clase, de no pagar la multa, deban cumplir el castigo con pena de prisión, el problema se torna aún más grave y peligroso dentro del contexto de un sistema democrático de derecho. V.- Estudios en la materia revelan que casi la totalidad de los contraventores en prisión, se encuentran allí porque no pueden pagar la multa impuesta sin que el sistema les ofrezca una pena alternativa; se encuentran presos como sanción a su insolvencia personal. También se ha demostrado – como ya se indicó – a través de múltiples estudios realizados por organismos internacional y en investigaciones de campo, que la mayoría de los contraventores pertenecen a las clases sociales más marginadas de nuestra sociedad,  en consecuencia, lo más probable es que terminen en prisión, castigados por conductas que muchas veces censuran "lo que son" y no necesariamente lo que han hecho. No importa el fin que la doctrina haya pretendido darle a la conversión de multa en prisión en esta materia, la realidad indica que esta sanción se convierte en prisión por deudas, que afecta principalmente a los más desprotegidos de nuestra sociedad."

Los magistrados ni se inmutaron frente al gigantesco desastre sufrido por la sociedad, especialmente a la "población más marginada", víctima principal de los contraventores. Los hurtos de artefactos de uso doméstico, de ropa, de comida; los daños a las casas y a los objetos de trabajo, las amenazas, los golpes se producían sin consecuencia alguna para los maleantes. Durante más de ocho años (de febrero de 1994 a noviembre de 2002) los contraventores no pudieron ser detenidos por la policía, ellos decidían si pagaban la multa: si no lo hacían, no iban a la cárcel, ni recibían alguna otra pena. La convivencia, en la mayor parte de las ciudades, especialmente en los barrios más humildes, se convirtió en un infierno, que ha llegado a consecuencias violentísimas. Decenas de miles de víctimas de las contravenciones, en su mayoría, personas de pocos recursos económicos, no encontraron justicia pronta y cumplida. La impunidad, propiciada por la Sala Constitucional, cubrió irresponsablemente a sus agresores, quienes, en muchos casos, iniciaron sus carreras criminales que los llevaron a delitos mucho más graves, incluso homicidios. Las víctimas de las contravenciones no encontraron respuesta en la administración de justicia, ni en la policía (amarrada por orden de los magistrados constitucionales), durante muchos años. Probablemente, muchos de aquellos contraventores que durante tantos años se acostumbraron a hacer lo que les daba la gana, aún siguen pensando y actuando así, pero ahora no hurtan, hoy asaltan y asesinan a sangre y fuego. ¿Qué pensarán los magistrados?   Los adalides de los derechos de los "maleantes" y "desviados", han cometido un tremendo error: esos pobrecitos transgresores que no pueden pagar las multas, agreden, principalmente, a los ciudadanos de menos recursos económicos y causan zozobra y pánico en nuestras ciudades. Aunque la reincidencia, la habitualidad y la profesionalidad están reguladas  en los artículos 39, 40 y 41 del Código Penal, actualmente no tienen ningún efecto en la pena que se imponga, ni influyen de manera alguna en la imposición de medidas cautelares al imputado que ha cometido un nuevo delito. En Costa Rica, no se agrava la pena de los reincidentes, habituales o profesionales, ni por esa circunstancia cuando han incurrido en un nuevo crimen se les decreta la prisión preventiva. El único efecto que tiene la reincidencia, es impedir el otorgamiento del beneficio de la ejecución condicional, en casos de condenas inferiores a tres años de prisión. 

A nivel sancionatorio, desde el 2002 y luego del cañonazo de la Sala Cuarta, el derecho penal costarricense regula la reincidencia del modo más surrealista y ridículo que nos podamos imaginar, pues el artículo 78 del Código Penal  dice: "Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho cometido". ¿Para qué existe esta norma, si no tiene efecto alguno y así resulta innecesaria? El origen de esta broma legal se remonta a la sentencia 88-92 de la Sala Cuarta, de las 11 horas del 17 de enero de 1992, publicada en el Boletín Judicial No. 46 del 5 de marzo de 1992, que dispuso. "Se declaran inconstitucionales, y en consecuencia se anulan, los artículos 40, 41, 78, 98 incisos 3) y 4)".  Posteriormente, la Sala Constitucional afina la broma jurisprudencial, que tanto daño ha hecho a la sociedad y tantas víctimas ha producido y, en su voto 796-92, publicado en el Boletín Judicial No. 103 del 29 de mayo de 1992 ordena "erga omnes": "En lugar de la frase: Se declaran inconstitucionales y en consecuencia se anulan, los artículos 40, 41, 78, contenida en el por tanto de la sentencia dictada por esta Sala a las once horas del diecisiete de enero del año en curso, debe leerse: Se declaran inconstitucionales y en consecuencia se anula, el párrafo segundo del artículo 40 y el párrafo segundo del 41 , así como la frase que dice "Aumentándola a juicio del juez, sin que pueda pasar del máximo fijado por este código a la pena de que se trate ", contenida en el artículo 78 " fallo que queda valedero en todo lo demás."

Florencio Varela; 26 de septiembre de 2016.-

¿ARGENTINA O COSTA RICA? (2da. parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

Por Rodolfo José Bernat

La pirámide de la injusticia

Durante los últimos once años, Costa Rica ha experimentado un aumento constante en la cantidad de denuncias interpuestas ante el Poder Judicial, reflejo del: 1) Profundo deterioro ético sufrido por la sociedad costarricense; 2) Las condiciones infrahumanas en las que vive una quinta parte de la población; 3) La decadencia e ineficiencia del sistema educativo; 4) La inexistencia de una política criminal democrática, que recupere los derechos de la sociedad, de las víctimas y respete las garantías de los imputados.

En este período, la "pirámide de la injusticia" ha ampliado su base cuadrada y disminuido su ápice de justicia. Los cuatro triángulos que conforman este poliedro tienen en común el incremento de: 1) la criminalidad; 2) la impunidad; 3) el desprecio de los derechos de las víctimas; y 4) la incapacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.

La realidad es clara y contundente: El hampa hace lo que le da la gana, la sociedad y las víctimas están desprotegidas, la crisis va más allá del miedo; las estadísticas judiciales reflejan el desastre. Hoy, más que nunca, es innegable la necesidad de diseñar e implantar una política criminal democrática y consecuente con la realidad costarricense, capaz de recuperar los derechos de la sociedad y de las víctimas del hampa.

Los dirigentes de los partidos políticos y los miembros de los supremos poderes están obligados –ética y legalmente– a elaborar y aprobar la política criminal de Estado, que permita iniciar el proceso de contención de la criminalidad y superar la barrera demagógica de los anuncios de la campaña electoral que se avecina.

Ni la Fuerza Pública, ni el OIJ, ni la Policía de Tránsito, ni las demás policías, están en condiciones de enfrentar de manera adecuada a la delincuencia actual. Solamente la abnegación y el temple de estas funcionarias y de estos funcionarios policiales, nos permiten resistir el atroz –y diario– ataque de los hampones de todo pelaje. La lista de los oficiales "caídos en el cumplimiento del deber" se ha incrementado peligrosamente en los últimos años.

Los factores criminógenos son múltiples e interrelacionados. El problema es muy complejo, pero no podemos seguir con los brazos cruzados, a la espera de remedios mágicos o soluciones heroicas. Debemos actuar de inmediato, con propuestas viables de corto, mediano y largo plazos. Tenemos que enfrentar, ya, el desafío de los delincuentes.

Las verdaderas posibilidades de ascenso social y la necesidad de una excelente educación pública que lo fomente –donde la ética cívica sea su columna central–, no pueden separarse de las soluciones indispensables al problema de inseguridad que nos agobia.

No creemos que el simple incremento de las penas resuelva la situación. Las condenas podrían ser menos drásticas, pero que se cumplan de modo cabal. No como sucede ahora, cuando los almanaques penitenciarios irrespetan abiertamente las sentencias dictadas por los tribunales. Al fin de cuentas, lo importante es establecer los límites con claridad y que todos sepamos que las consecuencias de nuestros actos son ineludibles. Por desgracia, los maleantes tienen hoy un 96 % de probabilidades de no ser condenados, aunque hayan cometido un crimen.

El delincuente debe responder por sus actos.

Hoy, debemos entender "el delito como la acción que causa daños a personas e instituciones", la célula patógena del cáncer social que llamamos criminalidad o victimización. El delito ya no es simplemente la desobediencia a las leyes, ni la violación del bien jurídico. "Al delincuente no le percibimos ahora como la persona libre que desobedece al Estado; sino como la persona vulnerable -sí, vulnerable, pero responsable y culpable-, que coloca el último eslabón de una cadena de actos libres, como lo explica el principio de la responsabilidad universal compartida. El delincuente, mejor dicho, el autor objetiva y subjetivamente imputable de los perjuicios producidos, aparece a veces también como víctima -en más o menos grado- de circunstancias y estructuras sociales de riesgo". ⁽⁶⁾ 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo el 10 de diciembre del 2007, en una entrevista publicada por el Diario EXTRA: "No es al Poder Judicial al que le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, eso le corresponde al Poder Ejecutivo quien tiene la policía preventiva. No desconozco que estamos relacionados con el tema, de que a nosotros nos toca investigar". ⁽⁷⁾

Han sido los adalides del archigarantismo, los responsables de la destrucción del derecho contravencional, de la derogatoria de las normas relativas a la habitualidad y profesionalidad criminal, de la redacción y puesta en marcha del fracasado Código Procesal Penal.

La delincuencia tiene origen multifactorial y el Estado debe enfrentar la criminalidad en sus raíces. Tiene que promover el desarrollo humano y propiciar el mejoramiento económico de los habitantes, pero, de ninguna manera, debe permitir la impunidad. Los delincuentes, aunque vulnerables, tienen que responder cabalmente por sus actos. La sociedad y las víctimas no pueden seguir desprotegidas.

La víctima como columna central del sistema jurídico penal.

Nuestro ordenamiento jurídico penal (sustantivo y adjetivo) debe ser repensado, a partir de la realidad costarricense, en el contexto ineludible de la delincuencia actual (nacional e internacional), que permita colocar a las víctimas en el centro de la Política Criminal, "desde el primer hasta el último momento y con el máximo protagonismo" ⁽⁸⁾, para superar la añeja visión del sector dominante de los magistrados -que en nuestro país incluye al Ministerio Público, la Policía Judicial y la

Defensa Pública- que ve el crimen como un diálogo del Poder Judicial con el delincuente y no como una relación triangular víctimas-delincuente- Poder Judicial.

La Constitución Política deberá reformarse, lo más pronto posible, para que se incorpore una norma que proteja los derechos de las víctimas y cuyo texto podría decir: Las víctimas de los delitos serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido.

Ha sido, precisamente, el enorme desprecio de los derechos de las víctimas, propiciado por un grupo de dirigentes políticos del Poder Judicial, el factor fundamental que ha provocado la crisis que ahora enfrentamos, cuando el hampa hace lo que le da la gana, los pillos no asumen las consecuencias de sus fechorías y empiece a brotar la justicia privada. Una vez más: ¿ARGENTINA O COSTA RICA?

Florencio Varela, 18/09/2016.-

¿COSTA RICA O ARGENTINA?

Columna de opinión

¿COSTA RICA O ARGENTINA?

Por Rodolfo José Bernat

                          En una serie de cuatro notas, podremos visualizar como ha crecido en el continente la impunidad criminal, la politiquería que la protege y cuales podrían ser las posibles soluciones.

Quién analiza toda esta problemática, que como un cáncer maligno se ha ido expandiendo por una gran parte del continente americano, es el Licenciado Juan Diego Castro Fernández, abogado director de Jurisis en la República de Costa Rica. Catedrático de Derecho Penal y Criminología. Ex ministro de Seguridad Pública, Gobernación y ex presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica.

Es el, quién en su “Introducción”, nos revela todo el horror que estamos viviendo en los diferentes países de América Latina. Argentina o Costa Rica, un mismo drama, un mismo flagelo.

“Los delincuentes dominan las ciudades de Costa Rica. Nuestras casas de han convertido en prisiones. Estamos ahítos de tanta sangre derramada por las víctimas del hampa. Además, hartos de la tremenda impunidad reinante en nuestra Patria.

Igualmente, hastiados de vivir tras las rejas y sin derecho a caminar en paz por nuestras calles.

La Patria esta en manos del hampa. Existen comunidades donde los policías han perdido absolutamente el control, las pandillas están desbocadas y constantemente los cadáveres aparecen “ajusticiados” en las calles.

Los mafiosos,  los corruptos, los narcotraficantes, los asaltantes, los conductores asesinos y toda la caterva de pillos que atacan cada día a los costarricenses, si son denunciados ante el Ministerio Público, solamente tienen un riesgo de alrededor del cuatro por ciento de resultar condenados por la administración de justicia penal.

Impunidad y politiquería

La impunidad y la politiquería campean de frontera a frontera y de mar a mar. La posición geográfica de nuestro país y su falta de organización para enfrentar la delincuencia nacional y extranjera, han sido los factores que propician el crimen y la victimización, como una peste incurable que, por supuesto, tiene remedio, si la enfrentamos con inteligencia y con fuerza, cuando superemos la indolencia de los políticos.

El incremento en los asaltos, asesinatos y accidentes de tránsito, es innegable y pavoroso, pero mas grave resulta el elevado índice de impunidad en el que los dirigentes han sumido a la sociedad costarricense. El narcotráfico y la drogadicción se han desparramado por nuestros mares, por nuestros aires y por todo el territorio nacional destruyendo nuestra juventud y pringando a algunos funcionarios importantes.

Frente a esta situación, el actual gobierno ha mantenido un discurso absurdo y ridículo, basado en la tesis sobre “el temor”, que sus dirigentes han sostenido desde hace muchos años y que han repetido insistentemente hasta esta fecha.

El “Informe nacional de desarrollo humano 2005”, concluyó: “Disminuir el temor de las personas requiere colocar en perspectiva el fenómeno a través de la creación y divulgación de información precisa y actualizada sobre la seguridad ciudadana. Para ello se identificaron cuatro retos que encara el país: disminuir el temor, revertir la tendencia creciente que muestra la re victimización, atender los factores de riesgo y fortalecer la capacitación institucional, sin lo cual no es posible alcanzar resultados sostenibles en ninguno de estos campos.”

Hace tres años y medio, la primera vicepresidenta electa manifestó que el proyecto del gobierno de Arias contemplaba “políticas para frenar el crecimiento de la delincuencia y reducir la percepción de inseguridad que agobia a la población (…) La administración Arias ya tiene el diagnostico del problema y la decisión política para impulsar una propuesta a fin de aspirar a un país mas seguro. Debemos tener en claro que todo el tema de la seguridad ciudadana no se resolverá en cuatro años.”

Hace dos años, la entonces vicepresidenta de la República y actual candidata a la presidencia, dijo: “La administración Arias Sanchez, se ha propuesto a través del “Plan Nacional de Prevención de la Violencia y promoción de la Paz Social”, quitarle al costarricense la sensación que vive inseguro y buscar devolver un país sin miedo… mas del sesenta por ciento de los costarricenses tienen miedo a vivir en sus casas.

Curiosamente el diario “La Nación” de aquel país, en su edición del 1° de diciembre del 2008, sostuvo: “En su primera declaración oficial, una vez designada ministra de Seguridad Pública por el presidente Arias, manifestó que el problema de la inseguridad en el país era un asunto de “percepción”.

Esta imprudente afirmación “minimizadora de la realidad le atrajo diversas críticas.”

Los resultados del módulo sobre victimización, de la encuesta de julio de 2008, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, son contundentes; “Estamos peor que nunca y nuestros gobernantes no tienen un enfoque claro sobre la situación existente a nivel criminológico. La política criminal del gobierno es inconsistente. La lentitud y mediocre tranquilidad con que se aborda el tema de la victimización por la mayoría de los políticos es inaceptable.

Los datos del INEC son alarmantes: De julio 2007 a julio 2008, el 28% de los hogares en el país, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito o agresión, mientras en 1997 ese porcentaje era del 15%. En uno de cada 10 hogares del país, alguno de sus miembros fue víctima de robo o asalto en la calle.

La realidad supera una vez más el discurso politiquero. Es falso que el problema sea simplemente  la percepción de la inseguridad, el temor, o las “noticias amarillistas”. La realidad esta ahí, aunque no se halla divulgado, ni tomado en cuenta el diagnostico del INEC.

El 28% de los hogares costarricenses ha sido victimizado por la delincuencia.

Hasta aquí , la primera parte del estudio realizado por el Licenciado Juan Diego Castro Fernández y que revela el avance de la delincuencia organizada, no solo en Costa Rica sino en la mayor parte de los países americanos y como los gobiernos de turno, tratan de seguir implementando el triste recurso de “barrer la basura” escondiéndola, debajo de la alfombra.

En la próxima nota: “La pirámide de la injusticia”.

Fcio Varela, 11/09/2016.-         

"ORACIÓN POR LA PATRIA"

Columna de opinión

“ORACIÓN POR LA PATRIA”

Por Rodolfo José Bernat

                         Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos

                             Nos sentimos heridos y agobiados

                           Precisamos tu alivio y fortaleza

                           Queremos ser nación

                           ………………………………………………………………………..

                         El 11 de agosto pasado, la agencia oficial de noticias de la Iglesia Católica (AICA), informaba sobre la reunión organizada por la  Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CEPAS), que se llevara a cabo el 18 de agosto, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta fue, la 4ª edición del espacio debate federal “Repensando la política”, que reunió a políticos y miembros de la Iglesia.

Estuvo a cargo de la apertura del encuentro, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Eduardo Lozano, el diputado nacional Eduardo Amadeo y el cardenal Maria Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.

Monseñor Lozano dio la bienvenida a los participantes, agradeciendo “la disponibilidad al diálogo entre las diversidades que trabajan juntas por el bien de los mas necesitados invitando a los presentes a rezar juntos la oración por la Patria; “para poner en manos de Dios la jornada.”

A continuación el diputado nacional Eduardo Amadeo, quién asistió en representación del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo, hizo suyas las palabras del papa Francisco, al referirse a la política como “una de las formas mas alta de la caridad, invitando a una “revalorización de la política en bien de reforzar los valores de los que habla la oración por la Patria”, destacando el desafío de la política de mejorar y transformar el valor del diálogo y la apertura del Congreso a todas las voces, como agenda a una mejor agenda política.

A su vez el cardenal Mario Aurelio Poli, agradeció en nombre de los obispos, la oportunidad de presentar un nuevo documento de la Conferencia Episcopal Argentina, el cual lleva por título: “Bicentenario de la Independencia” – Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos, un aporte de la mirada y el compromiso pastoral con la patria”.

El arzobispo de Buenos Aires, reflexiono sobre el nacimiento de la Patria, destacando el papel de la Iglesia en la gesta de Tucumán en 1816. Refiriéndose a continuación: “En la necesidad de que la política  busque el bien común”, señalando que: “Hay reduccionismo en el pensamiento de la política como también en la prédica cuando reducimos todo a retórica y queda afuera el rostro de los otros, la capacidad de escucha”.

También el cardenal Poli, tuvo conceptos contundentes sobre los principales males que hoy aquejan a la Argentina, destacando como las mas graves “la corrupción y el narcotráfico” definiendo a este último como un tema que a los obispos: “conmueve y preocupa”,  sobre todo por la falta de perseverancia en las políticas de Estado. Considero que: “Todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad dirigencial en la Argentina tenemos que pedirle perdón al pueblo por haber llegado a este estado de cosas.” El tercer tema que resalto el arzobispo fue el “descuido de la casa común”, resaltando el aporte del papa Francisco con la encíclica, Laudato Si, documento que el primado de Argentina propuso “repensar desde la política”.

No escapo al análisis del cardenal Poli, el tema de la educación en el país, señalando que el documento del Episcopado propone que los valores de la formación católica también estén presentes en la educación pública. Para referirse al finalizar a la beatificación de Mamá Antula, el próximo 27 de agosto y la canonización del Cura Brochero, en Roma en el mes de octubre, como dos ejemplos para el “encuentro fraterno de los argentinos”.

Se desarrollaron distintos panales durante la jornada. El primero de ellos, “Repensar la política desde los nuevos desafíos sociales”, estuvo integrado por la senadora nacional por la UCR de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, el diputado nacional por el PJ, Pcia de Bs. As. Oscar Romero; el diputado nacional Juan Fernando Brugge, de la Democracia Cristiana por Córdoba y la diputada nacional por el GEN, Pcia Bs. As., Margarita Stolbizer, siendo el moderador, el periodista Paulino Rodriguez.

En el primer panel, se abordaron temas como “La política como instrumento para volver al orden justo de la sociedad y recuperar el viejo amor al civismo”. La senadora Elías señalo al respecto que: “frente a una década donde primo la mentira y el desorden, es necesario valorar la justicia como un factor indispensable.” También llamo a replantear el deber de los políticos, poniendo el bien común como eje y asegurar la paz, la libertad y la verdad.”

Se destaco en el panel “la democracia solidaria y política, en los cuales los políticos deben dar testimonio”

Otro tema prioritario y urgente  fue “el de terminar con el cáncer de la corrupción.”

Se abordaron temas importantes que quedaron plasmados en el documento final, como la necesidad imperiosa de la cercanía de los dirigentes y el pueblo, para asegurar la “convivencia de todos en paz, igualdad, pluralidad, libertad y amistad cívica.”

Fue muy interesante la reflexión sobre: “La política como herramienta de transformación social”, dándole un sentido humano, aplicando: “Pensar en el bien común, el interés general y los derechos humanos”. Para lo cual es imprescindible, “el vínculo que debe existir entre la gobernabilidad y la transparencia”.

Monseñor Jorge Lozano, tuvo a su cargo la conclusión de las intervenciones en el panel destacando que “desde una mirada humanista la política debe regir sobre la economía y sobre ambas debe regir la ética”. No puede haber una economía que obre libremente sin que le importe la política y menos todavía, sin importarle la ética”.

Sobre la corrupción: La definió como “una doble estafa” económica y moral, que roba el dinero y deteriora la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. Resalto el valor de la verdad, de cuidarse de la mentira y sobre la pobreza, vinculada con el “crecimiento económico qué no se ha distribuido adecuadamente”.

El segundo panel, “Repensar la política desde la participación ciudadana”, fue integrado por Alicia Ciciliani, diputada nacional del P.S. de Santa Fe; Graciela Camaño, diputada nacional del F. Renov. Bs. As.; Marta Valera, senadora nacional por el PRO, Cdad.de Bs. As. Y Gustavo Menéndez, Intendente de Merlo, Pcia. de Bs. As. por el FPV; siendo la moderadora la periodista Verónica Toller.

En este panel se manifestó la necesidad de “que la política no sea solo un reparto de poder para la élite que la integra” ya que “sin la participación de la gente sin el intercambio social fecundo, es prácticamente imposible que surjan nuevas alternativas para un cambio real y no meramente retórico”.

Al señalar los disertantes que hay una crisis en el sistema en la que “se ha quebrado la confianza”,  destacando la figura del papa Francisco, quién le regalo al mundo un modelo de organización popular cuyo objetivo no es ni mas ni menos que cambiar el mundo, salvarlo de un final anunciado provocado por el falso dios dinero”.

Otro de los llamados surgidos del segundo panel fue “cultivar los vínculos, los lazos, para generar amistades reales para que exista una verdadera participación popular, mediante un trabajo conjunto, basado en el diálogo, el trabajo sostenido y en la construcción de consensos”.

Monseñor Jorge Casaretto, se mostro muy conmovido por participar del encuentro, y en su disertación  se refirió a la vocación de la política, a su esforzada misión: “El político ve las multitudes, ve la pobreza, lo que sufre el pueblo y no se queda tranquilo en su casa; piensa… “tengo que hacer algo por el bien común”. También señalo a los jóvenes manifestando que “vuelven a inquietarse” y destaco el desafío de que “la política sea un espacio atractivo para ellos, al que respondan vocacionalmente”.

Al finalizar, Monseñor Casaretto dejo planteada una pregunta a lo diferentes disertantes del panel: ¿ESTAMOS EN LA ARGENTINA ANTE LA NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO SOCIAL?

Fcio. Varela, 15 de agosto de 2016.-