Columna de opinión
¿ARGENTINA
O COSTA RICA?
Por
Rodolfo José Bernat
La
pirámide de la injusticia
Durante los últimos
once años, Costa Rica ha experimentado un aumento constante en la cantidad de
denuncias interpuestas ante el Poder Judicial, reflejo del: 1) Profundo
deterioro ético sufrido por la sociedad costarricense; 2) Las condiciones
infrahumanas en las que vive una quinta parte de la población; 3) La decadencia
e ineficiencia del sistema educativo; 4) La inexistencia de una política
criminal democrática, que recupere los derechos de la sociedad, de las víctimas
y respete las garantías de los imputados.
En este período, la
"pirámide de la injusticia" ha ampliado su base cuadrada y disminuido
su ápice de justicia. Los cuatro triángulos que conforman este poliedro tienen
en común el incremento de: 1) la criminalidad; 2) la impunidad; 3) el desprecio
de los derechos de las víctimas; y 4) la incapacidad del Estado para enfrentar
la delincuencia.
La realidad es clara
y contundente: El hampa hace lo que le da la gana, la sociedad y las víctimas
están desprotegidas, la crisis va más allá del miedo; las estadísticas
judiciales reflejan el desastre. Hoy, más que nunca, es innegable la necesidad
de diseñar e implantar una política criminal democrática y consecuente con la
realidad costarricense, capaz de recuperar los derechos de la sociedad y de las
víctimas del hampa.
Los dirigentes de los
partidos políticos y los miembros de los supremos poderes están obligados
–ética y legalmente– a elaborar y aprobar la política criminal de Estado, que
permita iniciar el proceso de contención de la criminalidad y superar la
barrera demagógica de los anuncios de la campaña electoral que se avecina.
Ni la Fuerza Pública,
ni el OIJ, ni la Policía de Tránsito, ni las demás policías, están en
condiciones de enfrentar de manera adecuada a la delincuencia actual. Solamente
la abnegación y el temple de estas funcionarias y de estos funcionarios
policiales, nos permiten resistir el atroz –y diario– ataque de los hampones de
todo pelaje. La lista de los oficiales "caídos en el cumplimiento del
deber" se ha incrementado peligrosamente en los últimos años.
Los factores
criminógenos son múltiples e interrelacionados. El problema es muy complejo,
pero no podemos seguir con los brazos cruzados, a la espera de remedios mágicos
o soluciones heroicas. Debemos actuar de inmediato, con propuestas viables de
corto, mediano y largo plazos. Tenemos que enfrentar, ya, el desafío de los
delincuentes.
Las verdaderas
posibilidades de ascenso social y la necesidad de una excelente educación
pública que lo fomente –donde la ética cívica sea su columna central–, no
pueden separarse de las soluciones indispensables al problema de inseguridad
que nos agobia.
No creemos que el
simple incremento de las penas resuelva la situación. Las condenas podrían ser
menos drásticas, pero que se cumplan de modo cabal. No como sucede ahora,
cuando los almanaques penitenciarios irrespetan abiertamente las sentencias
dictadas por los tribunales. Al fin de cuentas, lo importante es establecer los
límites con claridad y que todos sepamos que las consecuencias de nuestros
actos son ineludibles. Por desgracia, los maleantes tienen hoy un 96 % de
probabilidades de no ser condenados, aunque hayan cometido un crimen.
El
delincuente debe responder por sus actos.
Hoy, debemos entender
"el delito como la acción que causa daños a personas e
instituciones", la célula patógena del cáncer social que llamamos
criminalidad o victimización. El delito ya no es simplemente la desobediencia a
las leyes, ni la violación del bien jurídico. "Al delincuente no le
percibimos ahora como la persona libre que desobedece al Estado; sino como la
persona vulnerable -sí, vulnerable, pero responsable y culpable-, que coloca el
último eslabón de una cadena de actos libres, como lo explica el principio de
la responsabilidad universal compartida. El delincuente, mejor dicho, el autor
objetiva y subjetivamente imputable de los perjuicios producidos, aparece a
veces también como víctima -en más o menos grado- de circunstancias y
estructuras sociales de riesgo". (6)
El Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, dijo el 10 de diciembre del 2007, en una entrevista
publicada por el Diario EXTRA: "No es al Poder Judicial al que le
corresponde garantizar la seguridad ciudadana, eso le corresponde al Poder
Ejecutivo quien tiene la policía preventiva. No desconozco que estamos
relacionados con el tema, de que a nosotros nos toca investigar". (7)
Han sido los adalides
del archigarantismo, los responsables de la destrucción del derecho
contravencional, de la derogatoria de las normas relativas a la habitualidad y
profesionalidad criminal, de la redacción y puesta en marcha del fracasado
Código Procesal Penal.
La delincuencia tiene
origen multifactorial y el Estado debe enfrentar la criminalidad en sus raíces.
Tiene que promover el desarrollo humano y propiciar el mejoramiento económico
de los habitantes, pero, de ninguna manera, debe permitir la impunidad. Los
delincuentes, aunque vulnerables, tienen que responder cabalmente por sus
actos. La sociedad y las víctimas no pueden seguir desprotegidas.
La
víctima como columna central del sistema jurídico penal.
Nuestro ordenamiento
jurídico penal (sustantivo y adjetivo) debe ser repensado, a partir de la
realidad costarricense, en el contexto ineludible de la delincuencia actual
(nacional e internacional), que permita colocar a las víctimas en el centro de
la Política Criminal, "desde el primer hasta el último momento y con el
máximo protagonismo" (8),
para superar la añeja visión del sector dominante de los magistrados -que en
nuestro país incluye al Ministerio Público, la Policía Judicial y la
Defensa Pública- que
ve el crimen como un diálogo del Poder Judicial con el delincuente y no como
una relación triangular víctimas-delincuente- Poder Judicial.
La Constitución
Política deberá reformarse, lo más pronto posible, para que se incorpore una
norma que proteja los derechos de las víctimas y cuyo texto podría decir: Las
víctimas de los delitos serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y una pronta
reparación del daño que hayan sufrido.
Ha sido,
precisamente, el enorme desprecio de los derechos de las víctimas, propiciado
por un grupo de dirigentes políticos del Poder Judicial, el factor fundamental
que ha provocado la crisis que ahora enfrentamos, cuando el hampa hace lo que
le da la gana, los pillos no asumen las consecuencias de sus fechorías y
empiece a brotar la justicia privada. Una vez más: ¿ARGENTINA O COSTA RICA?
Florencio Varela,
18/09/2016.-
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