¿ARGENTINA O COSTA RICA? (Última parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

 (Quinta y última parte)

Por Rodolfo José Bernat

                          En esta serie de notas, de autoría del Licenciado Juan Diego Castro Fernández, Catedrático de Derecho Penal y Criminología, ex Presidente del Colegio de Abogados y ex ministro de Seguridad Pública y Gobernación de Costa Rica, nos muestra en toda su intensidad una situación de inseguridad y corrupción, que hoy esta instalado en gran parte de Latinoamérica, mientras en tanto, propone un proyecto que se puede aplicar no solo en Costa Rica, sino en los países de América que están cada día mas siendo presa de la corrupción, el narcotráfico y el hampa organizada. Esta es la última parte de su propuesta.

EL DESACERTADO PROYECTO DEL CODIGO PROCESAL

Las víctimas de los delitos han sido menospreciadas por nuestro ordenamiento jurídico, sobretodo, por el Código Procesal actual y por el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa y que ha sido dictaminado afirmativamente por la Comisión Parlamentaria respectiva. 

El dictamen afirmativo de mayoría de la Ley de reforma al Código Procesal, contiene solamente 8 referencias al concepto de víctima en la parte general. No es casual que algunos de los asesores que influyeron en la redacción del proyecto, hayan concedido a la víctima del delito un desteñido papel de tercer orden, un rol formal y sin consecuencias prácticas, especialmente en el ámbito de las penas sustitutivas, donde la posición de la víctima resulta irrelevante para el juez, a la hora de aplicar un reemplazo de la pena de prisión por una sustitutiva. La burlona redacción del numeral 53 es un motivo legal de revictimización.

La opinión contraria de la víctima de domicilio conocido, sobre la aplicación de una pena alternativa sustitutiva a favor de su agresor, así como están las cosas ahora no produciría ningún efecto. Así como esta redactado este acto de norma, la audiencia es ridícula e innecesaria.

Para que la posición de la víctima resulte equilibrada frente a la del imputado, sino se ha dado una reparación del daño causado, su oposición debería impedir el reemplazo.

Este proyecto de Código Procesal, con penas elevadas para muchos delitos y penas alternativas para otros, resulta contradictoria y engañosa, pues impone sanciones elevadas que realmente nunca se van a cumplir y permite gran cantidad de salidas sin sanción y sin reparación a la víctima.

Es pues, un Código incapaz de colocar a la víctima como el personaje más importante del derecho penal moderno y no busca la justicia restaurativa, que nos permita recuperar eficazmente la libertad, la justicia y la seguridad.

Este Código debe ser archivado, aunque alguno de sus redactores pierda las consultorías internacionales millonarias, que lograría si se convirtiera en Ley de la República.

POSIBLES SOLUCIONES PARA SER DISCUTIDAS

La campaña electoral que se avecina ofrecerá remedios al grave problema de la seguridad –impunidad, promesas, que como siempre, se las llevara el viento-.

Es necesario, para enfrentar la situación actual, al menos:

1°.- Diseñar y aprobar el Plan Nacional de Política Criminal Democrática, basado en el análisis criminológico y victimológica de la realidad costarricense, teniendo como objetivo la tutela efectiva al derecho de vivir en paz y los derechos a la libertad, la justicia y la seguridad.

2°.- Promulgar las reformas legales indispensables para crear un “Centro Estratégico Interpolicial” (CEI), conformado por la Fuerza Pública, el organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Policía de Transito, que se encargaran de: a) Recopilar y clasificar la información criminológica y victimológica, que

permita diseñar y poner en marcha la estrategia policial, preventiva y represiva. b) La organización y dirección de la Academia Costarricense de Ciencias Policiales, que permita instruir y  entrenar a los miembros de todos estos cuerpos policiales. c) Elaborar la doctrina de las policías de Costa Rica.

3°.- Dotar de los recursos económicos necesarios a las policías preventiva y represiva, al Ministerio Público y al sistema carcelario, para que puedan cumplir eficientemente con sus cometidos.

4°.- Reorganizar y fortalecer el sistema carcelario para lograr una utilización óptima de los recursos con que cuenta y así enfrentar las responsabilidades que la situación legal le demanda.

5°.- Promover en la enseñanza de la  ética cívica  en los planes de estudio de las escuelas y colegios.

6°.-  Fortalecer e impulsar los programas de prevención social.

7°.- Elaborar un nuevo Código Procesal Penal que tenga como figura principal a la víctima, la defensa del derecho a vivir en paz, y contenga penas mas bajas que las actuales, pero que deberán cumplirse cabalmente.

8°.- Que proteja los derechos de la víctima y mantenga las garantías a los imputados (jóvenes y adultos), promueva la justicia restaurativa, cuente con participación de la sociedad civil en Tribunales mixtos y fomente el principio de “justicia pronta y cumplida”

9.- Elaborar un Código Sancionatorio, con criterios y con franqueza, que supere la ficciones de la resocialización mágica, y preserve, claro esta, los derechos humanos de los presos, que regule claramente la ejecución penal, y defina con claridad los objetivos de la pena de prisión, así como las demás acciones y la viabilidad de alternativas posibles, en el contexto actual y futuro.

10.- Elaborar una nueva Ley de Policía, que integre todas las policías existentes en un solo sistema Interpolicial, capaz de prevenir y reprimir la delincuencia, mantener el orden público y preservar las riquezas nacionales.

Somos y seguiremos siendo un país sin ejército. No podemos continuar con un esquema obsoleto, de bajísimo nivel profesional, sin una organización eficiente, sin una oficialidad de alto rango técnico y ético, sin la infraestructura adecuada y sin los recursos indispensables y sin planificación estratégica alguna.

11°.- Reformar la Constitución Política, para que se reconozcan claramente los derechos de las víctimas: “Las víctimas de lo delitos serán tratados con compasión y respeto por su dignidad”.

“Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la Justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido”

Hasta aquí la propuesta del Licenciado Juan Diego Castro Fernández, de la República de Costa Rica. La misma se encuentra avalada por su actividad profesional y política, no solamente reconocida en su país, Costa Rica, sino también a nivel internacional. No se pone en duda la capacidad e idoneidad de nuestros profesionales, tanto a nivel de gobierno, como en el ámbito judicial y policial. Pero tampoco se puede negar el clima de inseguridad creciente que en estos momentos sufre todo el territorio de la República Argentina. Donde la delincuencia no solo tiene territorios propios, sino que en inúmeros

Casos como podemos verificarlos en los diferentes medios de comunicación masiva diariamente, cuentan en reiterados casos con la complicidad de integrantes de aquellos que deben garantizar el cumplimiento de la “ley y el orden”, tanto sea desde algunos sectores de las filas de las fuerza de Seguridad, como desde algunos sectores de una

 Justicia que pareciera ser ciega, sorda y muda. El “cambio”, no podrá dejar de ser solo un “jingle” de campaña, si aquellos que lo propusieron a la Nación no demuestran en la realidad, que las medidas de gobierno que se implementen, lo están llevando a la práctica.

Florencio Varela, 09/10/2016.-