¿IMPUNIDAD O JUSTICIA?

Columna de opinión ¿IMPUNIDAD O JUSTICIA? Por Rodolfo José Bernat La Enciclopedia de la Lengua Castellana define a la palabra “Democracia”, como “Doctrina Política que favorece la intervención del Pueblo en el gobierno”. Es bueno recordar el verdadero sentido de “Democracia” en un momento como el actual, donde su significado no solo se bastardea desde el poder gubernamental, sino que cada vez con más frecuencia se la “usa” como “caballito de batalla”, para pretender justificar las maniobras dolosas que son de público conocimiento y que involucran identificándolos, a personas con diferentes responsabilidades en los tres poderes de la Nación; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin exceptuar a algunos nuevos empresarios de la “década ganada” cuya actuación como mínimo, pone en tela de juicio lo que debería ser “la intervención del pueblo en el gobierno”. Hoy ningún sector del Pueblo independiente sin compromiso con aquellos sectores, acreditan que exista en nuestro país una “auténtica Democracia”. La terrible crisis de inseguridad que desde hace años, se ha instalado en nuestro país, va derivando cada vez más en situaciones que se reiteran, enfrenta a actores que curiosamente pertenecen a un mismo espacio político y que hasta hace no mucho tiempo atrás, coincidían a “pies juntillas” sin discutir –al menos públicamente- lo que emanaba de la verticalidad absoluta utilizada por la presidente Cristina Fernández Vda. de Kirchner. El “mal humor” popular que crece cada día y va tomando con mayor frecuencia estado público, la proximidad del término de los mandatos electorales y las denuncias abiertas con nombre y apellido de “intocables” en la Justicia, que gozan de total impunidad oficial, pero que el Pueblo ya acusa públicamente y en voz alta, hace que las deserciones en el oficialismo sean cada vez más notorias. Tal vez una implementación realista del “SALVESE QUIEN PUEDA”. El apuro de tratar de imponer “contra viento y marea” el nuevo proyecto del Código Penal, cuyo contenido ha levantado olas de protestas, ya que su aplicación brindaría a muchos hoy comprometidos con hechos y actividades “non santas”, un manto de impunidad que “legalizaría” sus situaciones, poniéndolos a cubierto de futuros “ajustes de cuentas” legales. Por otro lado, la ola de descontento popular cada vez más evidente, hace que se produzcan situaciones que en otros momentos hubieran sido cómicas o ridículas, como por ejemplo la que dio origen a las declaraciones del senador bonaerense y ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii quién impulsara antes del último “feriado largo”, la idea de retomar el Servicio Militar Obligatorio como una forma de preservar el futuro de los jóvenes de hoy, llamando a una “consulta popular” que determine la voluntad popular al respecto. La iniciativa de Ishii, mereció el apoyo entusiasta del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, quién no solo se sumo a la propuesta de Mario Ishii, considerando que “habría que analizar mucho que rol cumpliría, si la función de las Fuerzas Armadas será en el futuro colaborar con la seguridad interior, ¡Sería bárbaro!”. Estas declaraciones se enfrentaron, con las de repudio a la iniciativa que hicieran públicas el ministro de Defensa Agustín Rossi y el secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Roberto Feletti y el “Cuervo” Larroque entre otros. ¡País difícil nuestra actual Argentina! ¿Somos latinoamericanos pero solo nos interesan nuestros países “hermanos” para poder hacer alguna diferencia política ideológica.? Por ejemplo: es real que el de Menem fue un gobierno neo – liberal y que aprovecho el desgraciado caso del soldado conscripto Omar Carrasco, para decretar el término del Servicio Militar Obligatorio; desarmar a las Fuerzas Armadas y quedarse con el “jugoso presupuesto” que tenían esas Fuerzas para la Defensa Nacional. Hoy con el gobierno “revolucionario” de los Kirchner, se continúa la política neo – liberal menemista con ropaje “seudo revolucionario”, mientras que Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Nicaragua y Cuba, continúan con el Servicio Militar Obligatorio. Mientras tanto aquí, continuamos empecinados en ampliar la “fábrica de pobres” que ha pesar de la negativa del Estado Nacional a brindar información sobre cual es el actual crecimiento de la misma, se pudo saber a través del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que hoy la pobreza alcanza el 27,5% de la población del país. ¿A quien favorece esta situación de crecimiento de la pobreza? La respuesta hoy por hoy es archí – conocida: a la política decadente y comercial y a los carteles del narcotráfico que cada día gana más espacio en estos territorios, con el beneplácito de sectores políticos, judiciales y de personal de seguridad, que son beneficiados “por sus buenos servicios”. Al respecto el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano si bien volvió a rechazar los hechos de justicia por mano propia, advirtió “que estas situaciones se producen porque hay un hartazgo y un cansancio por la inoperancia de las fuerzas de Seguridad y de la Justicia”. A la vez que agregó: “Hay un individualismo creciente y una naturalización de la pobreza, la que es un riesgo muy serio de desocupación social”, afirmo asimismo “que la droga es uno de los elementos para entender la violencia en los delitos” ya que “la mayoría de ellos se cometen bajo la influencia de algún tóxico, de alcohol o de droga”. En cambio el ministro de Justicia Julio Alak, que no puede desconocer nada de lo narrado anteriormente, presento un programa al que calificó como “histórico” y que contempla la rebaja de hasta 20 meses a los reclusos que decidan integrarse al sistema educativo. Es en virtud al artículo 140 de la Ley 26695, sancionada por el Congreso Nacional en julio del 2013. El 29 de abril pasado, comenzó el debate en comisión de las nuevas reformas al Código Penal, mientras tanto el ministro de la Corte Suprema de Justicia Jorge Zaffaroni al disertar en la UBA en el Seminario organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (CADUBA), junto a Roberto Carles y Ricardo Gil Lavedra, fervientes adherentes del ante-proyecto del Código Penal, coincidieron en silencio a lo manifestado por Zaffaroni que expreso en una parte de su disertación que “LOS MEDIOS NOS CREAN UNA REALIDAD DE VIOLENCIA QUE NO TENEMOS”. Los debates y declaraciones sobre el ante-proyecto, recién comienzan y con seguridad, traerán en los próximos días novedades en pro y contra del mismo. Una consulta realizada por la reconocida consultora, “Hugo Haime y Asociados”, estableció que el 83% de los argentinos opina que el nuevo Código Penal debería tener penas más duras. Solo un 6%, piensa que las leyes actuales son las adecuadas. El 73% se mostro a favor de juntar firmas contra el ante-proyecto (marzo/2014). La encuesta de la consultora se titula “Estudio Nacional de Opinión Pública sobre el Proyecto de Reforma al Código Penal”. Nuestra Ley principal, la Constitución Nacional de la Nación Argentina, en el Capítulo Segundo, artículo 40 de “NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS” establece; “El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de Ley. La Ley de Convocatoria no podrá ser votada. El voto afirmativo del proyecto por el Pueblo de la Nación lo convertirá en Ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a Consulta Popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara reglamentara las materias, procedimientos y oportunidades de la Consulta Popular.” Esto rige desde 1994, pero lamentablemente nunca hasta ahora, se convocó al Pueblo para que aportara su opinión sobre las grandes decisiones a favor de la República. ¿NO SERA HORA QUE DEJEMOS DE SER LOS “INVITADOS DE PIEDRA” Y PARTICIPAR EN LA ACEPTACION O RECHAZO DE TODO AQUELLO QUE REGIRA LOS DESTINOS DE TODOS LOS ARGENTINOS? Fcio. Varela , 3 de mayo de2014.