UNO... ¿ESTA EQUIVOCADO? (Parte 2)

Columna de opinión UNO… ¿ESTA EQUIVOCADO? (Parte dos) Por Rodolfo José Bernat A uno le pueden decir muchas cosas, algunas agradables y otras desagradables. Nadie tiene que tener una opinión uniforme en lo que respecta a la situación política de nuestra Patria y esto debe ser así, porque es la única manera que el Pueblo tiene de manifestar su apoyo o desagrado, a la gestión que desde hace ya diez años el kirchnerismo viene implementando través de lo que ellos bautizaran como “Modelo nacional y popular” en lo teórico, pero que en la realidad del día a día, solo nos muestra que falta totalmente una política superadora, por encima de los intereses partidarios y deja en cambio en evidencia una terrible y descarada corrupción en la cual sus actores, hoy no tienen ni siquiera interés alguno de que los escándalos que los envuelven, tomen estado público, haciendo de la impunidad su mejor herramienta para seguir avanzando. Es por ello, que leyendo hoy el diario “La Nación” de fecha 17 de julio de 2013, me encontré con el Editorial, titulado: “OTRA “DEMOCRATIZACION” QUE SOLO ANULA LA TRANSPARENCIA” y como “copete”: “Las menores exigencias para las declaraciones juradas de los funcionarios constituye una nueva estrategia del Gobierno para garantizarse impunidad” A continuación el texto del Editorial. inShare Fue pregonada como la gran ley de salvaguarda de la transparencia y de ataque frontal contra la corrupción. Sin embargo, la tan promocionada ley de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos terminó siendo otra consagración lisa y llana de la impunidad. Lejos de la pretendida transparencia, con la reciente reglamentación de esa norma, los funcionarios deberán declarar menos que antes, no deberán especificar el origen de sus bienes ni tendrán la obligación de informar sobre el patrimonio de sus familiares, al tiempo que los organismos de control se verán impedidos de verificar la veracidad de esos datos. La ampulosa ley de transparencia formó parte del paquete de normas de reforma judicial impulsadas por el Gobierno para dar mayor legalidad a la gestión pública. Tuvo un amplio consenso en el Congreso, tanto de opositores como de oficialistas, pero, al ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedaron al descubierto sus propósitos más injustos y menos republicanos: mientras que a cualquier ciudadano se le piden cada vez más precisiones en sus declaraciones, los funcionarios podrán omitirlas sin que nada les suceda. Por ejemplo, datos que antes debían detallarse ya no serán necesarios informar. No habrá que declarar empleos anteriores del funcionario ni otras fuentes de ingreso como acciones, inversiones, fideicomisos o participaciones en empresas. Eso impedirá a la ya languideciente Oficina Anticorrupción (OA) realizar una de sus principales tareas, además del control patrimonial, como es el análisis de conflictos de intereses entre la actividad pública y privada del funcionario. La intención es más que evidente. Si esta ley hubiera estado vigente durante la última década, por ejemplo, Néstor y Cristina Kirchner podrían haber declarado bienes por separado y nunca se hubiera revelado el monto que percibieron por alquileres o por intereses en plazos fijos. Si la gran ventaja de esta norma era la ampliación del número de funcionarios que deben presentar declaraciones juradas -obliga a todos los agentes de los tres poderes del Estado y a los candidatos con cargos electivos-, esa exigencia queda reducida al ridículo permitiéndoseles ocultar la parte de sus patrimonios que no sepan o no quieran justificar. Otro de los puntos polémicos de la reglamentación es el que, a pesar de disponer el "carácter público, gratuito y de libre accesibilidad por Internet (de las declaraciones juradas), a los fines de maximizar la transparencia en el cumplimiento de la función pública", se establece la existencia de un anexo reservado con más datos de los declarantes, pero al que sólo podrá accederse mediante una orden judicial. Paralelamente, con la nueva norma quedó derogado el organismo legislativo encargado del control de todo lo relacionado con la ética pública -creado hace 14 años, pero nunca conformado por la misma falta de interés en combatir la corrupción-, sin reemplazarlo por ningún otro y con la única explicación de que ya no será necesario, pues las declaraciones serán subidas a Internet. En tanto, en el caso de la OA, se la confina a una tarea meramente administrativa, de data entry,como es la de informar a la AFIP quiénes son los alcanzados por la ley y elaborar el listado de los que no cumplan con sus declaraciones. Así, el exclusivo control lo tendrá la AFIP que, para obtener los datos de los candidatos a cargos electivos, deberá requerírselos a la Cámara Nacional Electoral. Pero eso no es todo: según el decreto reglamentario, suscripto el 5 de este mes por la Presidentapor el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y por los ministros de Economía y Justicia respectivamente, Hernán Lorenzino y Julio Alak (en el área de este último recae la aplicación de la norma), "las declaraciones juradas patrimoniales integrales efectuadas de aquí en más sustituyen a cualquier otra anterior". Sin dudas, estamos ante uno de los más graves retrocesos en materia de lucha contra la corrupción en la Argentina de los últimos diez años. De haberse comenzado antes a aplicar esta norma, ni Ricardo Jaime, el funcionario kirchnerista con mayor cantidad de procesos judiciales abiertos en su contra, ni el vicepresidente Amado Boudou, ni muchos ministros, ni directores que hoy están siendo investigados por sospechas de corrupción estarían obligados a rendir cuentas a la sociedad. Cabe recordar que no es ésta la primera oportunidad en que el kirchnerismo plantea la necesidad de una mayor transparencia en la comunicación del patrimonio y de los actos de los funcionarios. Y, una vez más, está dejando pasar aviesamente la ocasión de instaurar un sistema sin omisiones ni falsedades. En 2003, el entonces presidente Kirchner firmó un decreto de reglamento del acceso a la información pública que establecía que "toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado". Hoy, a la mayoría de los ciudadanos que reclaman conocer esa información, desde el Gobierno se les niega sistemáticamente esa posibilidad por entender que no presentan un interés legítimo. Es decir, el kirchnerismo viola las normas que él mismo ha creado. Del mismo modo, no se les ha hecho sencillo a los organismos de control con los que hoy contamos -que, por cierto, no son pocos- ejercer su actividad libre de presiones políticas de todo tipo. Ante la pregunta de si realmente el Estado quiere ser controlado y dar información, la respuesta resulta contundente. Los funcionarios tendrán muchas más posibilidades de ocultar su patrimonio, y el país, lamentablemente, de dar otro enorme salto hacia atrás.. Ú Fcio. Varela 17 de julio de 2013