¿ARGENTINA O COSTA RICA? (Última parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

 (Quinta y última parte)

Por Rodolfo José Bernat

                          En esta serie de notas, de autoría del Licenciado Juan Diego Castro Fernández, Catedrático de Derecho Penal y Criminología, ex Presidente del Colegio de Abogados y ex ministro de Seguridad Pública y Gobernación de Costa Rica, nos muestra en toda su intensidad una situación de inseguridad y corrupción, que hoy esta instalado en gran parte de Latinoamérica, mientras en tanto, propone un proyecto que se puede aplicar no solo en Costa Rica, sino en los países de América que están cada día mas siendo presa de la corrupción, el narcotráfico y el hampa organizada. Esta es la última parte de su propuesta.

EL DESACERTADO PROYECTO DEL CODIGO PROCESAL

Las víctimas de los delitos han sido menospreciadas por nuestro ordenamiento jurídico, sobretodo, por el Código Procesal actual y por el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa y que ha sido dictaminado afirmativamente por la Comisión Parlamentaria respectiva. 

El dictamen afirmativo de mayoría de la Ley de reforma al Código Procesal, contiene solamente 8 referencias al concepto de víctima en la parte general. No es casual que algunos de los asesores que influyeron en la redacción del proyecto, hayan concedido a la víctima del delito un desteñido papel de tercer orden, un rol formal y sin consecuencias prácticas, especialmente en el ámbito de las penas sustitutivas, donde la posición de la víctima resulta irrelevante para el juez, a la hora de aplicar un reemplazo de la pena de prisión por una sustitutiva. La burlona redacción del numeral 53 es un motivo legal de revictimización.

La opinión contraria de la víctima de domicilio conocido, sobre la aplicación de una pena alternativa sustitutiva a favor de su agresor, así como están las cosas ahora no produciría ningún efecto. Así como esta redactado este acto de norma, la audiencia es ridícula e innecesaria.

Para que la posición de la víctima resulte equilibrada frente a la del imputado, sino se ha dado una reparación del daño causado, su oposición debería impedir el reemplazo.

Este proyecto de Código Procesal, con penas elevadas para muchos delitos y penas alternativas para otros, resulta contradictoria y engañosa, pues impone sanciones elevadas que realmente nunca se van a cumplir y permite gran cantidad de salidas sin sanción y sin reparación a la víctima.

Es pues, un Código incapaz de colocar a la víctima como el personaje más importante del derecho penal moderno y no busca la justicia restaurativa, que nos permita recuperar eficazmente la libertad, la justicia y la seguridad.

Este Código debe ser archivado, aunque alguno de sus redactores pierda las consultorías internacionales millonarias, que lograría si se convirtiera en Ley de la República.

POSIBLES SOLUCIONES PARA SER DISCUTIDAS

La campaña electoral que se avecina ofrecerá remedios al grave problema de la seguridad –impunidad, promesas, que como siempre, se las llevara el viento-.

Es necesario, para enfrentar la situación actual, al menos:

1°.- Diseñar y aprobar el Plan Nacional de Política Criminal Democrática, basado en el análisis criminológico y victimológica de la realidad costarricense, teniendo como objetivo la tutela efectiva al derecho de vivir en paz y los derechos a la libertad, la justicia y la seguridad.

2°.- Promulgar las reformas legales indispensables para crear un “Centro Estratégico Interpolicial” (CEI), conformado por la Fuerza Pública, el organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Policía de Transito, que se encargaran de: a) Recopilar y clasificar la información criminológica y victimológica, que

permita diseñar y poner en marcha la estrategia policial, preventiva y represiva. b) La organización y dirección de la Academia Costarricense de Ciencias Policiales, que permita instruir y  entrenar a los miembros de todos estos cuerpos policiales. c) Elaborar la doctrina de las policías de Costa Rica.

3°.- Dotar de los recursos económicos necesarios a las policías preventiva y represiva, al Ministerio Público y al sistema carcelario, para que puedan cumplir eficientemente con sus cometidos.

4°.- Reorganizar y fortalecer el sistema carcelario para lograr una utilización óptima de los recursos con que cuenta y así enfrentar las responsabilidades que la situación legal le demanda.

5°.- Promover en la enseñanza de la  ética cívica  en los planes de estudio de las escuelas y colegios.

6°.-  Fortalecer e impulsar los programas de prevención social.

7°.- Elaborar un nuevo Código Procesal Penal que tenga como figura principal a la víctima, la defensa del derecho a vivir en paz, y contenga penas mas bajas que las actuales, pero que deberán cumplirse cabalmente.

8°.- Que proteja los derechos de la víctima y mantenga las garantías a los imputados (jóvenes y adultos), promueva la justicia restaurativa, cuente con participación de la sociedad civil en Tribunales mixtos y fomente el principio de “justicia pronta y cumplida”

9.- Elaborar un Código Sancionatorio, con criterios y con franqueza, que supere la ficciones de la resocialización mágica, y preserve, claro esta, los derechos humanos de los presos, que regule claramente la ejecución penal, y defina con claridad los objetivos de la pena de prisión, así como las demás acciones y la viabilidad de alternativas posibles, en el contexto actual y futuro.

10.- Elaborar una nueva Ley de Policía, que integre todas las policías existentes en un solo sistema Interpolicial, capaz de prevenir y reprimir la delincuencia, mantener el orden público y preservar las riquezas nacionales.

Somos y seguiremos siendo un país sin ejército. No podemos continuar con un esquema obsoleto, de bajísimo nivel profesional, sin una organización eficiente, sin una oficialidad de alto rango técnico y ético, sin la infraestructura adecuada y sin los recursos indispensables y sin planificación estratégica alguna.

11°.- Reformar la Constitución Política, para que se reconozcan claramente los derechos de las víctimas: “Las víctimas de lo delitos serán tratados con compasión y respeto por su dignidad”.

“Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la Justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido”

Hasta aquí la propuesta del Licenciado Juan Diego Castro Fernández, de la República de Costa Rica. La misma se encuentra avalada por su actividad profesional y política, no solamente reconocida en su país, Costa Rica, sino también a nivel internacional. No se pone en duda la capacidad e idoneidad de nuestros profesionales, tanto a nivel de gobierno, como en el ámbito judicial y policial. Pero tampoco se puede negar el clima de inseguridad creciente que en estos momentos sufre todo el territorio de la República Argentina. Donde la delincuencia no solo tiene territorios propios, sino que en inúmeros

Casos como podemos verificarlos en los diferentes medios de comunicación masiva diariamente, cuentan en reiterados casos con la complicidad de integrantes de aquellos que deben garantizar el cumplimiento de la “ley y el orden”, tanto sea desde algunos sectores de las filas de las fuerza de Seguridad, como desde algunos sectores de una

 Justicia que pareciera ser ciega, sorda y muda. El “cambio”, no podrá dejar de ser solo un “jingle” de campaña, si aquellos que lo propusieron a la Nación no demuestran en la realidad, que las medidas de gobierno que se implementen, lo están llevando a la práctica.

Florencio Varela, 09/10/2016.-         

¿ARGENTINA O COSTA RICA? (Cuarta parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

(Cuarta parte)

Por Rodolfo José Bernat

                           En 1970 Don Guillermo Padilla Castro, presidente de la Comisión Redactora, en la exposición de motivos del Código Penal expuso: “Consideramos el enfoque que se hace de la habitualidad y de la profesionalidad, uno de los grandes avances que ofrece la nueva legislación nacional.

Hasta ahora, esos casos no han tenido solución y la forma reiterada como se suceden, deja a la sociedad desarmada e impotente; en adelante, se tendrá un remedio eficaz de tratar a muchos delincuentes, para quien la libertad no significa sino la oportunidad de delinquir de nuevo”.

El magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, sostuvo que “debería incorporarse la figura de la reincidencia al definir el monto de la sanción penal, pero los jueces e han confundido con eso. En la práctica uno no encuentra fallos que hablen de reincidencia”.

JUSTICIA RESTAURATIVA CON PARTICIPACION CIUDADANA

La administración de Justicia tiene que dar un gran salto. Un gran paso que le permita superar ese emblema herrumbrado e indiferente que adorna los edificios judiciales.

Los costarricenses reclamamos ante una justicia “dominada” por la indiferencia y la lentitud. La anhelamos vigorosa, con los ojos bien abiertos, pronta y cumplida, con la espada del derecho y la balanza de la Justicia en sus manos.

 Una Justicia penal que ponga que ponga en el centro de su de su vital quehacer a la víctima, sin menoscabo de ningún derecho y garantía para el victimario. Anhelamos un sistema judicial que incorpore el paradigma de la Justicia restaurativa y asi levantar un fuerte pilar de libertad, seguridad y justicia, especialmente en el ámbito de las contravenciones y la delincuencia menor, en los Juzgados de Paz, compuestos por un Juez letrado y dos “escobinos”, escogidos en la comunidad, con los requisitos que indique la ley.

ONCE AÑOS DE FRACASOS E IMPUNIDAD

El 1ro. De Enero de 2008, se cumplieron once años de vigencia del Código Procesal Penal y la ley que reorganizo el Ministerio Público. El fracaso de estas normas, ideadas en el seno mismo del Poder Judicial y aprobadas por el Poder Legislativo, ha sido estrepitoso. El Ministerio Público esta colapsado, la Justicia Penal esta trabada. El sistema se cuarteo y los delincuentes hacen lo que les da la gana. El dictamen unánime afirmativo sobre el proyecto de Ley del Código Procesal Penal, expediente N°12526, suscripto el 25 de marzo de 1996, por la Comisión Especial mixta para estudiar y dictaminar todos los proyectos relacionados con el ordenamiento jurídico Penal que se encuentran en la corriente Legislativa, dice: Refiriéndose al anterior Código de Procedimientos Penales: “La duración media de las instrucciones es de 18 meses, pero si estudiáramos los casos que se han resuelto en los Tribunales con muy pocos meses, la gran mayoría son de citación directa y aquellos otros son los asuntos de muy poca complicación, porque los asuntos realmente complicados, o se pierden en los Tribunales y el tiempo hace que nos olvidemos de ellos, o se enmarañan de una manera tal, que vienen a ser resueltos 4, 5 o 6 años después”.

La lentitud e ineficiencia judicial no fue superada, ni mucho menos, más bien se agravo la crisis. La reforma procesal fracasó, junto con la puesta en marcha de los “mega despachos” y la reorganización del Ministerio Público, los resultados son evidentes, basta observar las estadísticas judiciales y los fiascos fiscales en los casos famosos. Muchísimas investigaciones que han durado mucho mas de un año y medio, no solo de los casos de interés mediático para la Fiscalía General y los magistrados, sino en casos tan sencillos como los de “lesiones culposas”, cuando muchos de ellos han prescripto, porque en 18 meses las fiscalías, no fueron capaces de culminar las pesquisas.

Debates que han sobrepasado todos los límites del sentido común, y varios semestres.

Procesos que tardan entre 5 o 6 años.

El desastre, producto de las tesis procesales de moda, las jugosas consultorías internacionales y la falta de planificación magistral están comprobados.

Los ideólogos del Código Procesal, no solamente destruyeron la estructura anterior del Derecho Penal adjetivo, como se lo propusieron, sino que han hecho trizas todo el sistema de seguridad pública y han entregado a la sociedad costarricense atada de pies y manos, a los criminales.

El aumento de la criminalidad y los profundos e inéditos niveles de impunidad que nos asfixian son consecuencia directa de este intrépido experimento jurídico-político, producto de doctrinas ajenas a la realidad criminológica y victimológica costarricense.

EL DESACERTADO PROYECTO DE CODIGO PROCESAL

Las víctimas de los delitos han sido menospreciadas  por nuestro ordenamiento jurídico, sobretodo, por el Código Procesal actual y por el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa y que ha sido dictaminado afirmativamente en la comisión parlamentaria respectiva.

El dictamen afirmativo de mayoría de la Ley de reforma al Código Procesal, contiene solo 8 referencias al concepto de víctima en la parte general. No es casualidad que alguno de los asesores que influyeron en la redacción del proyecto, hayan concedido a la víctima del delito un desteñido papel de tercer orden, un rol formal y sin consecuencias prácticas  especialmente en el ámbito de las penas sustitutivas, donde la posición de la víctima resulta irrelevante para el juez a la hora de aplicar un reemplazo de la pena de prisión por una sustitutiva. La burlona redacción del numeral 53 es un motivo legal de revictimización.

La opinión contraria de la víctima de domicilio conocido, sobre la aplicación de una pena alternativa sustitutiva favor de su agresor, así como están las cosas ahora, no producirá ningún efecto. Así como esta redactado este conato de norma, la audiencia es ridícula e innecesaria. Para que la posición de la víctima resulte equilibrada frente a la del imputado, si no se ha dado una reparación del daño causado, su oposición debería impedir el reemplazo

Este proyecto de Código Penal con penas elevadas para muchos delitos y penas alternativas para otros, resultan contradictorias y engañosas, pues imponen sanciones elevadas que realmente nunca se van a cumplir y permite gran cantidad de salidas sin sanción y sin reparación a la víctima. Es de esta manera, un Código incapaz de colocar a la víctima como el personaje más importante del derecho penal moderno y no busca la justicia restaurativa, que nos permita recuperar eficazmente la libertad, la justicia y la seguridad. Este código debe ser archivado, aunque alguno de sus redactores pierda las consultorías internacionales millonarias, que lograrían, si se convirtiera en Ley de la Republica.  (Continuara).-

Florencio Varela, 03/10/2016.-   

¿ARGENTINA O COSTA RICA? (3ra. Parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

(Tercera parte)Por Rodolfo José Bernat

                      

                       Tal vez alguien, encuentre exagerado, lo que saliendo del texto original, publico a continuación. Es que no solo, tomando ejemplos de lo que pasa en otros lugares del mundo podremos llegar a comprender, cual es la verdadera situación de nuestra Republica, sobretodo, con lo mas precioso que tenemos y es nuestra juventud, juventud a la que se esta entregando al infierno de la droga, a esa juventud que las malas políticas les demuestra descaradamente, que la virtud es una estupidez y que solo una abultada billetera es lo que da status y figuración y que hoy por hoy, honradez, solidaridad, amor al prójimo, son solo enunciados como el resto de los valores, que hasta hace 30 años atrás, mas o menos regían las conductas y las acciones de la mayoría de los ciudadanos/as de nuestra Patria, esa que escribimos con mayúscula y sentíamos anidadas en nuestros pechos. Lo sucedido en la quinta de Moreno el último 21 de septiembre por la noche, en el evento que se bautizo como “Proyecto 30” y que empezó y termino en una orgía de violencia, droga, alcohol y desprecio por la vida, con el saldo trágico de un muerto, Hugo Gabriel Gómez, 18 años, herido de bala y otros 10 heridos con armas blancas y de fuego, son el grito de alarma de una sociedad a quien la inseguridad y la corrupción, ya hace rato le quito el sueño.

Las contravenciones.

Desde hace veinte años, en un cubículo de la Facultad de Derecho, se inició un nefasto juego académico, que tenía dos objetivos: lograr la mayor beca que ha otorgado el Poder Judicial (que luego produciría muchísimos millones en consultorías internacionales) y destruir de un golpe el derecho contravencional costarricense… como efectivamente sucedió seis años después. Daba inició el plan abolicionista… ¡Despenalizar!... ¡Despenalizar! En 1994 se levantó el primer bastión abolicionista, que acabó con el derecho contravencional costarricense, merced a una bizarra sentencia de la Sala Cuarta, la número 1054 – 94, de las 15:24 horas del 22 de febrero de 1994 ⁽⁹⁾, que sostuvo: 
"… IV.- La doctrina imperante considera que las contravenciones protegen bienes jurídicos de menor importancia y con este argumento justifican una menor rigurosidad en las formalidades contenidas en el procedimiento que las regula, no permitidas en el procedimiento penal que sanciona los delitos. A simple vista pareciera que tal como está regulado el procedimiento contravencional no presenta ningún problema serio desde le punto de vista social, ni de los derechos humanos. No obstante es muy cuestionable que esta postura si se toma en cuenta que la mayoría de la población contraventora pertenece a una clase social baja o de escasos recursos, o a aquella que tiene valores y costumbres a los de la clase predominante. Desde este punto de vista un importante sector de la doctrina considera que el sistema contravencional sirve como instrumento de control social, criminalizante y opresor de la población más marginada. Si a esto aunamos el hecho de que la mayoría de los contraventores de esta clase, de no pagar la multa, deban cumplir el castigo con pena de prisión, el problema se torna aún más grave y peligroso dentro del contexto de un sistema democrático de derecho. V.- Estudios en la materia revelan que casi la totalidad de los contraventores en prisión, se encuentran allí porque no pueden pagar la multa impuesta sin que el sistema les ofrezca una pena alternativa; se encuentran presos como sanción a su insolvencia personal. También se ha demostrado – como ya se indicó – a través de múltiples estudios realizados por organismos internacional y en investigaciones de campo, que la mayoría de los contraventores pertenecen a las clases sociales más marginadas de nuestra sociedad,  en consecuencia, lo más probable es que terminen en prisión, castigados por conductas que muchas veces censuran "lo que son" y no necesariamente lo que han hecho. No importa el fin que la doctrina haya pretendido darle a la conversión de multa en prisión en esta materia, la realidad indica que esta sanción se convierte en prisión por deudas, que afecta principalmente a los más desprotegidos de nuestra sociedad."

Los magistrados ni se inmutaron frente al gigantesco desastre sufrido por la sociedad, especialmente a la "población más marginada", víctima principal de los contraventores. Los hurtos de artefactos de uso doméstico, de ropa, de comida; los daños a las casas y a los objetos de trabajo, las amenazas, los golpes se producían sin consecuencia alguna para los maleantes. Durante más de ocho años (de febrero de 1994 a noviembre de 2002) los contraventores no pudieron ser detenidos por la policía, ellos decidían si pagaban la multa: si no lo hacían, no iban a la cárcel, ni recibían alguna otra pena. La convivencia, en la mayor parte de las ciudades, especialmente en los barrios más humildes, se convirtió en un infierno, que ha llegado a consecuencias violentísimas. Decenas de miles de víctimas de las contravenciones, en su mayoría, personas de pocos recursos económicos, no encontraron justicia pronta y cumplida. La impunidad, propiciada por la Sala Constitucional, cubrió irresponsablemente a sus agresores, quienes, en muchos casos, iniciaron sus carreras criminales que los llevaron a delitos mucho más graves, incluso homicidios. Las víctimas de las contravenciones no encontraron respuesta en la administración de justicia, ni en la policía (amarrada por orden de los magistrados constitucionales), durante muchos años. Probablemente, muchos de aquellos contraventores que durante tantos años se acostumbraron a hacer lo que les daba la gana, aún siguen pensando y actuando así, pero ahora no hurtan, hoy asaltan y asesinan a sangre y fuego. ¿Qué pensarán los magistrados?   Los adalides de los derechos de los "maleantes" y "desviados", han cometido un tremendo error: esos pobrecitos transgresores que no pueden pagar las multas, agreden, principalmente, a los ciudadanos de menos recursos económicos y causan zozobra y pánico en nuestras ciudades. Aunque la reincidencia, la habitualidad y la profesionalidad están reguladas  en los artículos 39, 40 y 41 del Código Penal, actualmente no tienen ningún efecto en la pena que se imponga, ni influyen de manera alguna en la imposición de medidas cautelares al imputado que ha cometido un nuevo delito. En Costa Rica, no se agrava la pena de los reincidentes, habituales o profesionales, ni por esa circunstancia cuando han incurrido en un nuevo crimen se les decreta la prisión preventiva. El único efecto que tiene la reincidencia, es impedir el otorgamiento del beneficio de la ejecución condicional, en casos de condenas inferiores a tres años de prisión. 

A nivel sancionatorio, desde el 2002 y luego del cañonazo de la Sala Cuarta, el derecho penal costarricense regula la reincidencia del modo más surrealista y ridículo que nos podamos imaginar, pues el artículo 78 del Código Penal  dice: "Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho cometido". ¿Para qué existe esta norma, si no tiene efecto alguno y así resulta innecesaria? El origen de esta broma legal se remonta a la sentencia 88-92 de la Sala Cuarta, de las 11 horas del 17 de enero de 1992, publicada en el Boletín Judicial No. 46 del 5 de marzo de 1992, que dispuso. "Se declaran inconstitucionales, y en consecuencia se anulan, los artículos 40, 41, 78, 98 incisos 3) y 4)".  Posteriormente, la Sala Constitucional afina la broma jurisprudencial, que tanto daño ha hecho a la sociedad y tantas víctimas ha producido y, en su voto 796-92, publicado en el Boletín Judicial No. 103 del 29 de mayo de 1992 ordena "erga omnes": "En lugar de la frase: Se declaran inconstitucionales y en consecuencia se anulan, los artículos 40, 41, 78, contenida en el por tanto de la sentencia dictada por esta Sala a las once horas del diecisiete de enero del año en curso, debe leerse: Se declaran inconstitucionales y en consecuencia se anula, el párrafo segundo del artículo 40 y el párrafo segundo del 41 , así como la frase que dice "Aumentándola a juicio del juez, sin que pueda pasar del máximo fijado por este código a la pena de que se trate ", contenida en el artículo 78 " fallo que queda valedero en todo lo demás."

Florencio Varela; 26 de septiembre de 2016.-

¿ARGENTINA O COSTA RICA? (2da. parte)

Columna de opinión

¿ARGENTINA O COSTA RICA?

Por Rodolfo José Bernat

La pirámide de la injusticia

Durante los últimos once años, Costa Rica ha experimentado un aumento constante en la cantidad de denuncias interpuestas ante el Poder Judicial, reflejo del: 1) Profundo deterioro ético sufrido por la sociedad costarricense; 2) Las condiciones infrahumanas en las que vive una quinta parte de la población; 3) La decadencia e ineficiencia del sistema educativo; 4) La inexistencia de una política criminal democrática, que recupere los derechos de la sociedad, de las víctimas y respete las garantías de los imputados.

En este período, la "pirámide de la injusticia" ha ampliado su base cuadrada y disminuido su ápice de justicia. Los cuatro triángulos que conforman este poliedro tienen en común el incremento de: 1) la criminalidad; 2) la impunidad; 3) el desprecio de los derechos de las víctimas; y 4) la incapacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.

La realidad es clara y contundente: El hampa hace lo que le da la gana, la sociedad y las víctimas están desprotegidas, la crisis va más allá del miedo; las estadísticas judiciales reflejan el desastre. Hoy, más que nunca, es innegable la necesidad de diseñar e implantar una política criminal democrática y consecuente con la realidad costarricense, capaz de recuperar los derechos de la sociedad y de las víctimas del hampa.

Los dirigentes de los partidos políticos y los miembros de los supremos poderes están obligados –ética y legalmente– a elaborar y aprobar la política criminal de Estado, que permita iniciar el proceso de contención de la criminalidad y superar la barrera demagógica de los anuncios de la campaña electoral que se avecina.

Ni la Fuerza Pública, ni el OIJ, ni la Policía de Tránsito, ni las demás policías, están en condiciones de enfrentar de manera adecuada a la delincuencia actual. Solamente la abnegación y el temple de estas funcionarias y de estos funcionarios policiales, nos permiten resistir el atroz –y diario– ataque de los hampones de todo pelaje. La lista de los oficiales "caídos en el cumplimiento del deber" se ha incrementado peligrosamente en los últimos años.

Los factores criminógenos son múltiples e interrelacionados. El problema es muy complejo, pero no podemos seguir con los brazos cruzados, a la espera de remedios mágicos o soluciones heroicas. Debemos actuar de inmediato, con propuestas viables de corto, mediano y largo plazos. Tenemos que enfrentar, ya, el desafío de los delincuentes.

Las verdaderas posibilidades de ascenso social y la necesidad de una excelente educación pública que lo fomente –donde la ética cívica sea su columna central–, no pueden separarse de las soluciones indispensables al problema de inseguridad que nos agobia.

No creemos que el simple incremento de las penas resuelva la situación. Las condenas podrían ser menos drásticas, pero que se cumplan de modo cabal. No como sucede ahora, cuando los almanaques penitenciarios irrespetan abiertamente las sentencias dictadas por los tribunales. Al fin de cuentas, lo importante es establecer los límites con claridad y que todos sepamos que las consecuencias de nuestros actos son ineludibles. Por desgracia, los maleantes tienen hoy un 96 % de probabilidades de no ser condenados, aunque hayan cometido un crimen.

El delincuente debe responder por sus actos.

Hoy, debemos entender "el delito como la acción que causa daños a personas e instituciones", la célula patógena del cáncer social que llamamos criminalidad o victimización. El delito ya no es simplemente la desobediencia a las leyes, ni la violación del bien jurídico. "Al delincuente no le percibimos ahora como la persona libre que desobedece al Estado; sino como la persona vulnerable -sí, vulnerable, pero responsable y culpable-, que coloca el último eslabón de una cadena de actos libres, como lo explica el principio de la responsabilidad universal compartida. El delincuente, mejor dicho, el autor objetiva y subjetivamente imputable de los perjuicios producidos, aparece a veces también como víctima -en más o menos grado- de circunstancias y estructuras sociales de riesgo". ⁽⁶⁾ 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo el 10 de diciembre del 2007, en una entrevista publicada por el Diario EXTRA: "No es al Poder Judicial al que le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, eso le corresponde al Poder Ejecutivo quien tiene la policía preventiva. No desconozco que estamos relacionados con el tema, de que a nosotros nos toca investigar". ⁽⁷⁾

Han sido los adalides del archigarantismo, los responsables de la destrucción del derecho contravencional, de la derogatoria de las normas relativas a la habitualidad y profesionalidad criminal, de la redacción y puesta en marcha del fracasado Código Procesal Penal.

La delincuencia tiene origen multifactorial y el Estado debe enfrentar la criminalidad en sus raíces. Tiene que promover el desarrollo humano y propiciar el mejoramiento económico de los habitantes, pero, de ninguna manera, debe permitir la impunidad. Los delincuentes, aunque vulnerables, tienen que responder cabalmente por sus actos. La sociedad y las víctimas no pueden seguir desprotegidas.

La víctima como columna central del sistema jurídico penal.

Nuestro ordenamiento jurídico penal (sustantivo y adjetivo) debe ser repensado, a partir de la realidad costarricense, en el contexto ineludible de la delincuencia actual (nacional e internacional), que permita colocar a las víctimas en el centro de la Política Criminal, "desde el primer hasta el último momento y con el máximo protagonismo" ⁽⁸⁾, para superar la añeja visión del sector dominante de los magistrados -que en nuestro país incluye al Ministerio Público, la Policía Judicial y la

Defensa Pública- que ve el crimen como un diálogo del Poder Judicial con el delincuente y no como una relación triangular víctimas-delincuente- Poder Judicial.

La Constitución Política deberá reformarse, lo más pronto posible, para que se incorpore una norma que proteja los derechos de las víctimas y cuyo texto podría decir: Las víctimas de los delitos serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y una pronta reparación del daño que hayan sufrido.

Ha sido, precisamente, el enorme desprecio de los derechos de las víctimas, propiciado por un grupo de dirigentes políticos del Poder Judicial, el factor fundamental que ha provocado la crisis que ahora enfrentamos, cuando el hampa hace lo que le da la gana, los pillos no asumen las consecuencias de sus fechorías y empiece a brotar la justicia privada. Una vez más: ¿ARGENTINA O COSTA RICA?

Florencio Varela, 18/09/2016.-

¿COSTA RICA O ARGENTINA?

Columna de opinión

¿COSTA RICA O ARGENTINA?

Por Rodolfo José Bernat

                          En una serie de cuatro notas, podremos visualizar como ha crecido en el continente la impunidad criminal, la politiquería que la protege y cuales podrían ser las posibles soluciones.

Quién analiza toda esta problemática, que como un cáncer maligno se ha ido expandiendo por una gran parte del continente americano, es el Licenciado Juan Diego Castro Fernández, abogado director de Jurisis en la República de Costa Rica. Catedrático de Derecho Penal y Criminología. Ex ministro de Seguridad Pública, Gobernación y ex presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica.

Es el, quién en su “Introducción”, nos revela todo el horror que estamos viviendo en los diferentes países de América Latina. Argentina o Costa Rica, un mismo drama, un mismo flagelo.

“Los delincuentes dominan las ciudades de Costa Rica. Nuestras casas de han convertido en prisiones. Estamos ahítos de tanta sangre derramada por las víctimas del hampa. Además, hartos de la tremenda impunidad reinante en nuestra Patria.

Igualmente, hastiados de vivir tras las rejas y sin derecho a caminar en paz por nuestras calles.

La Patria esta en manos del hampa. Existen comunidades donde los policías han perdido absolutamente el control, las pandillas están desbocadas y constantemente los cadáveres aparecen “ajusticiados” en las calles.

Los mafiosos,  los corruptos, los narcotraficantes, los asaltantes, los conductores asesinos y toda la caterva de pillos que atacan cada día a los costarricenses, si son denunciados ante el Ministerio Público, solamente tienen un riesgo de alrededor del cuatro por ciento de resultar condenados por la administración de justicia penal.

Impunidad y politiquería

La impunidad y la politiquería campean de frontera a frontera y de mar a mar. La posición geográfica de nuestro país y su falta de organización para enfrentar la delincuencia nacional y extranjera, han sido los factores que propician el crimen y la victimización, como una peste incurable que, por supuesto, tiene remedio, si la enfrentamos con inteligencia y con fuerza, cuando superemos la indolencia de los políticos.

El incremento en los asaltos, asesinatos y accidentes de tránsito, es innegable y pavoroso, pero mas grave resulta el elevado índice de impunidad en el que los dirigentes han sumido a la sociedad costarricense. El narcotráfico y la drogadicción se han desparramado por nuestros mares, por nuestros aires y por todo el territorio nacional destruyendo nuestra juventud y pringando a algunos funcionarios importantes.

Frente a esta situación, el actual gobierno ha mantenido un discurso absurdo y ridículo, basado en la tesis sobre “el temor”, que sus dirigentes han sostenido desde hace muchos años y que han repetido insistentemente hasta esta fecha.

El “Informe nacional de desarrollo humano 2005”, concluyó: “Disminuir el temor de las personas requiere colocar en perspectiva el fenómeno a través de la creación y divulgación de información precisa y actualizada sobre la seguridad ciudadana. Para ello se identificaron cuatro retos que encara el país: disminuir el temor, revertir la tendencia creciente que muestra la re victimización, atender los factores de riesgo y fortalecer la capacitación institucional, sin lo cual no es posible alcanzar resultados sostenibles en ninguno de estos campos.”

Hace tres años y medio, la primera vicepresidenta electa manifestó que el proyecto del gobierno de Arias contemplaba “políticas para frenar el crecimiento de la delincuencia y reducir la percepción de inseguridad que agobia a la población (…) La administración Arias ya tiene el diagnostico del problema y la decisión política para impulsar una propuesta a fin de aspirar a un país mas seguro. Debemos tener en claro que todo el tema de la seguridad ciudadana no se resolverá en cuatro años.”

Hace dos años, la entonces vicepresidenta de la República y actual candidata a la presidencia, dijo: “La administración Arias Sanchez, se ha propuesto a través del “Plan Nacional de Prevención de la Violencia y promoción de la Paz Social”, quitarle al costarricense la sensación que vive inseguro y buscar devolver un país sin miedo… mas del sesenta por ciento de los costarricenses tienen miedo a vivir en sus casas.

Curiosamente el diario “La Nación” de aquel país, en su edición del 1° de diciembre del 2008, sostuvo: “En su primera declaración oficial, una vez designada ministra de Seguridad Pública por el presidente Arias, manifestó que el problema de la inseguridad en el país era un asunto de “percepción”.

Esta imprudente afirmación “minimizadora de la realidad le atrajo diversas críticas.”

Los resultados del módulo sobre victimización, de la encuesta de julio de 2008, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, son contundentes; “Estamos peor que nunca y nuestros gobernantes no tienen un enfoque claro sobre la situación existente a nivel criminológico. La política criminal del gobierno es inconsistente. La lentitud y mediocre tranquilidad con que se aborda el tema de la victimización por la mayoría de los políticos es inaceptable.

Los datos del INEC son alarmantes: De julio 2007 a julio 2008, el 28% de los hogares en el país, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de delito o agresión, mientras en 1997 ese porcentaje era del 15%. En uno de cada 10 hogares del país, alguno de sus miembros fue víctima de robo o asalto en la calle.

La realidad supera una vez más el discurso politiquero. Es falso que el problema sea simplemente  la percepción de la inseguridad, el temor, o las “noticias amarillistas”. La realidad esta ahí, aunque no se halla divulgado, ni tomado en cuenta el diagnostico del INEC.

El 28% de los hogares costarricenses ha sido victimizado por la delincuencia.

Hasta aquí , la primera parte del estudio realizado por el Licenciado Juan Diego Castro Fernández y que revela el avance de la delincuencia organizada, no solo en Costa Rica sino en la mayor parte de los países americanos y como los gobiernos de turno, tratan de seguir implementando el triste recurso de “barrer la basura” escondiéndola, debajo de la alfombra.

En la próxima nota: “La pirámide de la injusticia”.

Fcio Varela, 11/09/2016.-         

"ORACIÓN POR LA PATRIA"

Columna de opinión

“ORACIÓN POR LA PATRIA”

Por Rodolfo José Bernat

                         Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos

                             Nos sentimos heridos y agobiados

                           Precisamos tu alivio y fortaleza

                           Queremos ser nación

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                         El 11 de agosto pasado, la agencia oficial de noticias de la Iglesia Católica (AICA), informaba sobre la reunión organizada por la  Comisión Episcopal de la Pastoral Social (CEPAS), que se llevara a cabo el 18 de agosto, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación. Esta fue, la 4ª edición del espacio debate federal “Repensando la política”, que reunió a políticos y miembros de la Iglesia.

Estuvo a cargo de la apertura del encuentro, el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Eduardo Lozano, el diputado nacional Eduardo Amadeo y el cardenal Maria Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.

Monseñor Lozano dio la bienvenida a los participantes, agradeciendo “la disponibilidad al diálogo entre las diversidades que trabajan juntas por el bien de los mas necesitados invitando a los presentes a rezar juntos la oración por la Patria; “para poner en manos de Dios la jornada.”

A continuación el diputado nacional Eduardo Amadeo, quién asistió en representación del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo, hizo suyas las palabras del papa Francisco, al referirse a la política como “una de las formas mas alta de la caridad, invitando a una “revalorización de la política en bien de reforzar los valores de los que habla la oración por la Patria”, destacando el desafío de la política de mejorar y transformar el valor del diálogo y la apertura del Congreso a todas las voces, como agenda a una mejor agenda política.

A su vez el cardenal Mario Aurelio Poli, agradeció en nombre de los obispos, la oportunidad de presentar un nuevo documento de la Conferencia Episcopal Argentina, el cual lleva por título: “Bicentenario de la Independencia” – Tiempo para el encuentro fraterno de los argentinos, un aporte de la mirada y el compromiso pastoral con la patria”.

El arzobispo de Buenos Aires, reflexiono sobre el nacimiento de la Patria, destacando el papel de la Iglesia en la gesta de Tucumán en 1816. Refiriéndose a continuación: “En la necesidad de que la política  busque el bien común”, señalando que: “Hay reduccionismo en el pensamiento de la política como también en la prédica cuando reducimos todo a retórica y queda afuera el rostro de los otros, la capacidad de escucha”.

También el cardenal Poli, tuvo conceptos contundentes sobre los principales males que hoy aquejan a la Argentina, destacando como las mas graves “la corrupción y el narcotráfico” definiendo a este último como un tema que a los obispos: “conmueve y preocupa”,  sobre todo por la falta de perseverancia en las políticas de Estado. Considero que: “Todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad dirigencial en la Argentina tenemos que pedirle perdón al pueblo por haber llegado a este estado de cosas.” El tercer tema que resalto el arzobispo fue el “descuido de la casa común”, resaltando el aporte del papa Francisco con la encíclica, Laudato Si, documento que el primado de Argentina propuso “repensar desde la política”.

No escapo al análisis del cardenal Poli, el tema de la educación en el país, señalando que el documento del Episcopado propone que los valores de la formación católica también estén presentes en la educación pública. Para referirse al finalizar a la beatificación de Mamá Antula, el próximo 27 de agosto y la canonización del Cura Brochero, en Roma en el mes de octubre, como dos ejemplos para el “encuentro fraterno de los argentinos”.

Se desarrollaron distintos panales durante la jornada. El primero de ellos, “Repensar la política desde los nuevos desafíos sociales”, estuvo integrado por la senadora nacional por la UCR de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, el diputado nacional por el PJ, Pcia de Bs. As. Oscar Romero; el diputado nacional Juan Fernando Brugge, de la Democracia Cristiana por Córdoba y la diputada nacional por el GEN, Pcia Bs. As., Margarita Stolbizer, siendo el moderador, el periodista Paulino Rodriguez.

En el primer panel, se abordaron temas como “La política como instrumento para volver al orden justo de la sociedad y recuperar el viejo amor al civismo”. La senadora Elías señalo al respecto que: “frente a una década donde primo la mentira y el desorden, es necesario valorar la justicia como un factor indispensable.” También llamo a replantear el deber de los políticos, poniendo el bien común como eje y asegurar la paz, la libertad y la verdad.”

Se destaco en el panel “la democracia solidaria y política, en los cuales los políticos deben dar testimonio”

Otro tema prioritario y urgente  fue “el de terminar con el cáncer de la corrupción.”

Se abordaron temas importantes que quedaron plasmados en el documento final, como la necesidad imperiosa de la cercanía de los dirigentes y el pueblo, para asegurar la “convivencia de todos en paz, igualdad, pluralidad, libertad y amistad cívica.”

Fue muy interesante la reflexión sobre: “La política como herramienta de transformación social”, dándole un sentido humano, aplicando: “Pensar en el bien común, el interés general y los derechos humanos”. Para lo cual es imprescindible, “el vínculo que debe existir entre la gobernabilidad y la transparencia”.

Monseñor Jorge Lozano, tuvo a su cargo la conclusión de las intervenciones en el panel destacando que “desde una mirada humanista la política debe regir sobre la economía y sobre ambas debe regir la ética”. No puede haber una economía que obre libremente sin que le importe la política y menos todavía, sin importarle la ética”.

Sobre la corrupción: La definió como “una doble estafa” económica y moral, que roba el dinero y deteriora la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. Resalto el valor de la verdad, de cuidarse de la mentira y sobre la pobreza, vinculada con el “crecimiento económico qué no se ha distribuido adecuadamente”.

El segundo panel, “Repensar la política desde la participación ciudadana”, fue integrado por Alicia Ciciliani, diputada nacional del P.S. de Santa Fe; Graciela Camaño, diputada nacional del F. Renov. Bs. As.; Marta Valera, senadora nacional por el PRO, Cdad.de Bs. As. Y Gustavo Menéndez, Intendente de Merlo, Pcia. de Bs. As. por el FPV; siendo la moderadora la periodista Verónica Toller.

En este panel se manifestó la necesidad de “que la política no sea solo un reparto de poder para la élite que la integra” ya que “sin la participación de la gente sin el intercambio social fecundo, es prácticamente imposible que surjan nuevas alternativas para un cambio real y no meramente retórico”.

Al señalar los disertantes que hay una crisis en el sistema en la que “se ha quebrado la confianza”,  destacando la figura del papa Francisco, quién le regalo al mundo un modelo de organización popular cuyo objetivo no es ni mas ni menos que cambiar el mundo, salvarlo de un final anunciado provocado por el falso dios dinero”.

Otro de los llamados surgidos del segundo panel fue “cultivar los vínculos, los lazos, para generar amistades reales para que exista una verdadera participación popular, mediante un trabajo conjunto, basado en el diálogo, el trabajo sostenido y en la construcción de consensos”.

Monseñor Jorge Casaretto, se mostro muy conmovido por participar del encuentro, y en su disertación  se refirió a la vocación de la política, a su esforzada misión: “El político ve las multitudes, ve la pobreza, lo que sufre el pueblo y no se queda tranquilo en su casa; piensa… “tengo que hacer algo por el bien común”. También señalo a los jóvenes manifestando que “vuelven a inquietarse” y destaco el desafío de que “la política sea un espacio atractivo para ellos, al que respondan vocacionalmente”.

Al finalizar, Monseñor Casaretto dejo planteada una pregunta a lo diferentes disertantes del panel: ¿ESTAMOS EN LA ARGENTINA ANTE LA NECESIDAD DE UN NUEVO PACTO SOCIAL?

Fcio. Varela, 15 de agosto de 2016.-  

    

"BAJO EL SIGNO..."

Columna de opinión

“BAJO EL SIGNO…”

Por Rodolfo José Bernat

                          “BAJO EL SIGNO DE UNA NUEVA GUERRA MUNDIAL”; con este título el periodista Marcos Aguini, escribía en el diario “LA NACION” el 05/08/2016, una excelente crónica, sobre la situación mundial y la irrupción del ISIS y sus métodos en este panorama.

Debajo del título de la nota de Aguinis, se destaca un “copete” que expresa: “Es hora de que Europa le exija al mundo musulmán su compromiso para frenar la barbarie y para ofrecer a los refugiados el territorio y la ayuda económica que necesitan tras años de fanatismo y violencia”.

Dado, que en la anterior columna publicada, se analizaba la declaración del papa Francisco, en la cual el manifiesta “que actualmente en el mundo se libra una guerra mundial a pedazos.”

Aguinis, comienza su nota, citándola frase del papa Francisco y rememorando que desde hace años ya esta guerra viene siendo anunciada con “llamaradas proféticas” por la ya fallecida Oriana Falacci y luego por la española Pilar Rahola, entre las pocas mentes lúcidas de los últimos tiempos. Peron fueron desoídas, como ocurrió con tantas voces temerarias de los rodantes siglos.”

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“La nueva guerra mundial exhibe analogías y diferencias con la dos anteriores. Algunos parecidos se refieren al involucramiento de gran parte del planeta, una crueldad masiva y sin límites, y un fanatismo desenfrenado. Las diferencias podrían centrarse en el novedoso protagonismo del islam y la psicótica acción de los asesinos suicidas.

La creciente intervención de los mal llamados “lobos solitarios” ha convertido cualquier lugar del globo en un sitio expuesto a la matanza. Puede ser un supermercado, un club, un templo, mutuales, desfiles o paseo callejeros. Esta característica exige mejor diagnóstico, más coordinación y una firme voluntad para enfrentar semejante catástrofe, la misma voluntad que inspiro a Churchill.  Aliados de verdad. No se trata de disparar misiles o deshacer el Califato Islámico. La arcaica invención del Califato podrá desaparecer, pero no quienes se nutren de sus enfermos ideales. El problema es más complejo.

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“La palabra “asesino proviene del árabe: Hash Ashian (los que consumen ashin o son adictos al hachís). Formaron una secta sanguinaria durante las cruzadas y se dedicaron a matar en nombre de Alá a cualquier cristiano que tuviera cerca.

Pertenecían a la rama chiita que predomina ahora en Irán, donde nació “Las mil y una noches” que fue luego mas pacífica que la sunita. Los chiitas recuperaron su carácter agresivo durante la revolución de Khomeini al frente de sus ayatolas, que muchos progresistas apoyaron con la ilusión que traían la libertad.

Ahora en gran parte del Islam predomina un espíritu bélico de todos contra todos. Es curioso que compartan un mismo libro, llamado Corán. Pero diversas interpretaciones o la veneración por individuos de un lejano pasado generan enfrentamientos absurdos. Esta situación no es original, porque lo mimo sucedió en el mundo occidental. Las guerras de religión entre cristianos, produjeron el exterminio de casi una mitad de Europa por la otra mitad. ¿No recordamos la Inquisición y la noche de San Bartolomé, entre miríadas de tenebrosos ejemplos? Pero en Occidente se produjo el milagro del racionalismo y de la ilustración. Entonces su común libro, la Biblia, que también contiene porciones sanguinarias, dejo de citarlas para exaltar los versículos que cantan al amor y a la vida. Se leen, memorizan y repiten los párrafos que traen consuelo y alientan la fraternidad. La religiones que comparten la Biblia se convirtieron en bálsamo y convocan a la paz.”

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“En conclusión, el suicidio debería ser considerado un pecado, y quitar la vida de un semejante también es un pecado, porque ofende la máxima creación divina. La Biblia y el Corán tienen muchas analogías: derivan de la misma fuente monoteísta que inspiro a Abraham y a Moisés y los sucesivos acordes proféticos. Llegó la hora en que el asesinato sea condenado también, de forma inequívoca.”

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“Llega a ser tan horrenda la manipulación religiosa de ciertos líderes musulmanes como la adoptada por Khomeini durante su guerra en Irak. Este monstruo ordeno fabricar medio millón de llavecitas de plástico para colgar en los cuellos de los niños. Las llavecitas les abrirían las puertas del paraíso después de morir. Instaló a los niños delante de sus tropas y les exigió avanzar contra la vanguardia iraquí. Testimonios irrefutables de soldados iraquíes narran como estos hombres, ante el avance suicida de miles y miles de criaturas, empezaron a vomitar, arrojar sus armas y correr despavoridos hacia la retaguardia.”

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“La jihad es el nombre de la actual guerra santa. Pretende conquistar el mundo. Lo expresa sin rodeos. Entre sus objetivos inmediatos figura dominar el Medio Oriente y luego Europa. Se les ha tornado este propósito, porqué ya no lo nublan incertidumbres. Hace rato que dirigentes musulmanes afirman que con el útero de sus mujeres conquistaran el llamado Viejo Continente. La aceleración se logra mediante los refugiados. Europa, con la conciencia aún maltrecha por las guerras y genocidios anteriores, no se atreve a enfrentar este novedoso problema. No se atreve,  por ejemplo, a ponerse de acuerdo en que la tragedia de los refugiados sirios fue provocada por los propios árabes y musulmanes, no por los daneses, ni los noruegos, ni los húngaros. Y que deben resolverlo los mismos países musulmanes. No les faltan tierras ni recursos.”

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“Los argentinos tuvimos el atroz privilegio de sufrir el primer atentado terrorista islámico y antisemita de todo el continente americano. Tiempo después ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas y otras abominaciones. Tenemos el deber de ponernos al frente de una acción mundial, bien coordinada y eficaz, que comprometa a la mayor de las organizaciones y exija un cambio radical en la educación islámica, para que se condenen el suicidio, el asesinato y la prédica del odio. ¡Y que lo hagan en nombre de “Alá, el clemente y misericordioso”! El suicidio heroico fascina a muchos desequilibrados, en especial jóvenes. Constituye el mas horrible arsenal de la muerte en esta novedosa guerra mundial.”

Excelente nota de opinión  de Marcos Aguini en el diario “LA NACIÓN”, que considero no solo, se debe leer, analizar y compartir, sino también pensar, que en una hipotética y terrible, Tercera Guerra Mundial, ya no seremos espectadores, como en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, sino partícipes, quiéranos o no, y es nuestro deber hacer hasta lo imposible, para no dejar tan horrible legado, a nuestras futuras generaciones.-

Florencio Varela, 07/08/2016.-